Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, uno de los menos avanzados en funcionamiento digital

  • Málaga y Valencia son las administraciones locales mejor posicionadas 

Centro de atención ciudadana del Ayuntamiento. Centro de atención ciudadana del Ayuntamiento.

Centro de atención ciudadana del Ayuntamiento. / Jordi Vidal

El Ayuntamiento de Córdoba suspende en transformación digital. Al menos así se pone de manifiesto en el estudio elaborado por La Administración Digital en España elaborado por EY. Se trata del primer informe que analiza el grado de madurez digital de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, y ayuntamientos desde la perspectiva del usuario evaluando las obligaciones que la Ley impone sobre esta materia.

En este caso, el Ayuntamiento de Córdoba es uno de los menos avanzados de España en transformación digital, lo que demuestra que no está todavía preparado para afrontar la nueva realidad de ciudadanos y empresas. Precisamente una de las quejas más repetidas por parte de algunos colectivos, como el Colegio de Arquitectos y los empresarios que tienen que hacer gestiones en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El estudio analiza varias variables. El portal web, la sede electrónica, la identidad digital y firma electrónica, la representación y registro electrónico, la asistencia al ciudadano y empresas y las comunicaciones y notificaciones al ciudadano. 

El Ayuntamiento de Córdoba se sitúa en el grupo de los "iniciados", junto con los de La Coruña, Bilbao y Alicante. Solo hay un grupo que está peor, el de los "aspirantes", donde se encuentra los consistorios de Sevilla, Elche y Mérida. El resto se reparte entre los ayuntamientos "avanzados" o el selecto grupo de los "líderes". Este último lo componen las administraciones locales de Málaga, Madrid, Hospitalet y Valencia.

El informe también analiza las diputaciones. En este caso, la Diputación de Córdoba está en mejor posición que el Ayuntamiento, puesto que se localiza en el grupo de los "avanzados". 

Las normas a las que están sometidas las administraciones públicas suponen un cambio de paradigma en la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las administraciones públicas españolas y sientan las bases para su funcionamiento digital. La implantación de ambas normas es progresiva, teniendo que estar en vigor en su totalidad en octubre de 2020, tras la moratoria aprobada a finales de 2018.

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