Ser docente en las aulas de Córdoba se ha convertido casi en una profesión de riesgo. A menos, según los datos que recoge el informe del Defensor del Profesor publicado por el sindicato ANPE y que muestra que se ha registrado un aumento del 28% en el número de casos que ha llegado a este servicio, lo que se traduce en la atención a 23 docentes a lo largo de 2021. 

Desde el sindicato han destacado que entre los casos más significativos a lo largo del pasado curso fueron las tres agresiones constadas a docentes en las aulas cordobesas. 

Pero aún hay más porque también han alertado de que los problemas para dar clases son "los más numerosos". El responsable de ANPE en Córdoba, Francisco Luque, ha explicado que se han recibido hasta siete llamadas y que se ha atendido con ese problema a siete compañeros que sufrían la falta de respeto, la interrupción constante y, a veces, hasta el insulto anónimo del alumnado". 

El servicio que presta ANPE al profesorado –que se puso en marcha en 2005– a través de este teléfono de ayuda cuenta también con un psicólogo, que es el que atiende cada caso que llega. Se trata de una primera toma de contacto esencial para cualquier docente amenazado o que ha sido insultado mientras ejercía su profesión. Tras ella, se hace un seguimiento telefónico y si es posible se realiza una entrevista personal para comprobar el estado del profesor.

En este informe también hay constancia de la aparición de casos de denuncias falsas por parte del alumnado y también de las familias contra el profesorado ante la Delegación de Educación. En este punto, Luque ha aseverado que alguna de estas denuncias falses tenían la "clara intención de conseguir la modificación de notas para su hijo". 

En esta misma línea, ha continuado, "las denuncias de padres de alumnos en los centros e inspección son numerosas". "Parece que tanto alumnos como padres se han aprendido el camino para presentar denuncias por cualquier cosa para desacreditar al profesor. La mayoría, por no decir todas sin fundamento", ha añadido.

Por todo ello, ha reconocido que "el profesorado, en general se encuentra, muchas veces, con verdaderos problemas para aplicar las normas de convivencia". "A pesar de existir en los centros, se topa con argumentos burocráticos e imposiciones de otro ámbito", ha añadido.

Conductas agresivas

Otro de los aspectos que recoge el citado informe es el de las conductas agresivas detectadas entre el alumnado. "Son destacables aún cuando no son contra el profesor, pero si afecta indirectamente ya que el docente es acusado de no intervenir o no evitar esas actitudes entre los propios jóvenes", ha explicado.

Luque ha reconocido también que "se aprecia cada vez más complejidad en los casos atendidos, en los que confluyen factores de diversa índole, que dificultan su resolución: estado de ánimo, síndrome del profesor quemado, sobrecarga burocrática y lectiva, ratios elevadas, atención a alumnos con necesidades educativas especiales o continuas modificaciones de la legislación educativa".

Y ¿cómo le afecta esto al profesorado? Pues, según el responsable de ANPE Córdoba, "la mayoría de las situaciones dan lugar a estados depresivos y bajas médicas". 

De los 23 casos tratados en ANPE, aunque hay muchas más llamadas pero que estás resuelven con más facilidad y no tienen tanta gravedad, el 7 % corresponde al nivel de Educación Infantil, un 38 % al nivel de Educación Primaria, un 45 % a la Enseñanza Secundaria, un 6 % a los Ciclos Formativos y un 4 % en el resto de enseñanzas.

Datos andaluces

En toda Andalucía, este servicio ha atendido 179 casos atendidos durante el curso 2021-2022, una quincena más que en el curso anterior. De todos ellos, un 9% corresponden al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 41% a la Enseñanza Secundaria, un 2% a los Ciclos Formativos y un 8% a Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idioma.

Ante estos datos, desde ANPE han señalado que "todo este cúmulo de situaciones redunda negativamente en la calidad del propio sistema educativo". Estas cifras, han indicado, "ponen de manifiesto que el problema en las aulas sigue siendo una asignatura pendiente que no se resolverá fácilmente sin el apoyo del mundo político, del entorno social y de las familias".

Por ello, ha considerado que "es fundamental que el conjunto de la sociedad tome conciencia del problema de conflictividad que sigue manteniéndose en nuestras aulas. Toda la comunidad educativa, así como las instituciones, deben aunar y coordinar esfuerzos para erradicar esta lacra que tan negativamente puede determinar el futuro de las nuevas generaciones".