La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Jaén solicitando el acceso a la documentación sobre la designación de Córdoba como base logística del Ejército de Tierra.

La edil de Presidencia del Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, responsable de los servicios jurídicos municipales, ha señalado en un comunicado que el recurso se interpuso hace un par de semanas contra la resolución de la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa por la que se denegaba el acceso a la información pública obrante en dicha área relativa al expediente o expedientes que hubieran fundamentado la decisión de implantar esta base logística en la ciudad cordobesa.

"Se abre ahora un periodo de 20 días hábiles para que el propio Ministerio aporte aquellos expedientes o documentación a que se refiere esta resolución y que hubieran servido para justificar la decisión tomada el pasado mes de febrero", ha indicado la edil.

Colomo ha destacado que de esta forma se sigue con las indicaciones recogidas en el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén, encargado a petición unánime de la Corporación Municipal tras la celebración de un pleno extraordinario y monográfico sobre la base logística.

Mientras tanto, en Córdoba los trabajos para la puesta en marcha del proyecto siguen adelante. Prueba de ello es que el acuerdo entre la Junta de Andalucía, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba para la instalación de la base logística del Ejercito de Tierra, que ya ha sido autorizado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

Este es el primer paso administrativo para que el proyecto se ponga en marcha a principios del año 2022 con las primeras actuaciones de urbanización en el terreno, que aunque no se ha concretado aún, todo apunta a que será el de La Rinconada, como ya adelantó este periódico.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, además, ya señaló el pasado 12 de mayo  que "ningún juez va a paralizar" la base logística, después de que la plataforma ciudadana Jaén Merece Más presentase en Madrid su denuncia penal por la citada adjudicación, al entender que el Ministerio de Defensa podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al designar la candidatura cordobesa en detrimento de la jienense.