Abogados y procuradores rechazan que agosto sea hábil en los juzgados

La medida anunciada por el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de convertir agosto en un mes hábil para la tramitación de procedimientos e intentar mejorar así el funcionamiento de esta administración, ha sido acogida por los diferentes actores judiciales, cuando menos, con recelo. El presidente del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, se expresó "absolutamente en contra" y tildó la propuesta de "medida mediática", al tiempo que alertó de que "los problemas de la Justicia son de mayor calado" y requieren, por tanto, de "una reforma estructural" acompañada de "mejores infraestructuras" y "más plantillas".

Gallardón hizo el anuncio la semana pasada durante el acto de la toma de posesión de su equipo y dijo que la finalidad es fomentar la seguridad jurídica como factor de competitividad frente a la actual situación de crisis económica. El ministro argumentó que, aunque la importancia de los recursos es determinante en la administración de Justicia, no hay que olvidar que lo esencial es la gestión. "Ésta va a ser la legislatura de la gestión, en la que las dificultades presupuestarias van a encontrar su mejor aprovechamiento", indicó. Subrayó que deben "modificarse costumbres que no son compatibles con una cultura competitiva", como es la inhabilitación procesal del mes de agosto, "que tenía sentido por razones históricas".

Aunque en agosto los juzgados permanecen abiertos y se celebran juicios rápidos y actuaciones de urgencia, es el mes por excelencia vacacional de funcionarios, fiscales, jueces y secretarios. También de los abogados y los procuradores. Las tres secciones de la Audiencia, por tanto, no celebran juicios ordinarios, como tampoco lo hacen los juzgados penales. El argumento es que, aunque haya plantilla suficiente, se corre el riesgo de que no comparezcan la gran mayoría de los testigos debido a las vacaciones, lo que causaría la suspensión de la vista y un nuevo señalamiento. Desde el punto de vista de la tramitación de las causas, el anuncio de Gallardón supondría que "todos los plazos correrían", por lo que abogados y procuradores también tendrían que alterar su descanso anual, advirtió Garrido.

La responsable del Colegio de Procuradores, María del Sol Capdevila, también receló de la medida, y recordó que agosto es, en su profesión, "el mes de vacaciones por imperativo legal". "Desempeñamos un trabajo muy personalizado y no sería adecuado dejarle nuestras causas pendientes a un compañero de despacho", consideró. Auguró un "gran problema organizativo".

Los jueces y los magistrados tampoco ven clara la medida. El presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, consideró que el anunció de Gallardón fue una "simple reflexión en voz alta" o una "ocurrencia puntual de toma de posesión" más que una propuesta bien argumentada. "El problema de la Justicia es muy profundo y no se solucionará haciendo hábil agosto", advirtió Baena, quien recordó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha sugerido algunas soluciones para mejorar la situación actual de colapso de esta administración, como una reestructuración de las demarcaciones o una nueva planta judicial. "Celebrar juicios en agosto no es la panacea que necesita la Justicia", reflexionó Baena, quien recordó que la medida anunciada por Gallardón también conllevaría un aumento presupuestario debido a que, obligatoriamente, habría que hacer nombramientos de jueces sustitutos.

El juez decano, Luis Rabasa, expresó con optimismo que la medida "podría ayudar a acelerar las tramitaciones", aunque insistió igualmente en que "no puede tratarse de una solución única". "El retraso endémico de esta administración es estructural y requiere de una reforma profunda", argumentó.

Otros objetivos apuntados por Gallardón fueron la aplicación uniforme de las nuevas tecnologías y la reducción del número de procedimientos judiciales, que en 2010 fueron más de nueve millones para una población de 46 millones de españoles cuando países como Francia, con 65 millones de habitantes, no supera los seis millones de procedimientos. Una parte importante del aumento de los pleitos se debe a la crisis económica, que en los números años ha disparado asuntos como los concursos de acreedores, las ejecuciones de hipotecas o los deshaucios, al tiempo que los procedimientos por despidos. La reforma del Código Penal para los delitos de tráfico también contribuyó al colapso judicial, así como el aumento de las denuncias por maltrato.