AENA ofrece 13 veces menos por el terreno sin casas que por el edificado

AENA, entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento, ha ofrecido a los propietarios de fincas sin edificar afectadas por la ampliación del aeropuerto una cantidad que es 13 veces menor que la que ha abonado a las propiedades con vivienda que se encuentran dentro del proyecto de expropiaciones. En números, eso significa que la oferta que los propietarios de parcelas vacías o fincas agrarias tienen encima de la mesa asciende a seis euros por metro cuadrado, nueve en el caso de que exista mutuo acuerdo. El problema sustancial es que lo abonado a los parcelistas que sí levantaron una casa sin licencia a cantidades que superan los 80 euros por metro cuadrado de suelo. "Es una auténtica barbaridad", decía ayer uno de los afectados, que considera que se paga mucho mejor a quien levantó una edificación vulnerando la legalidad urbanística que a quien no lo hizo.

El edil del PP Luis Martín ofreció ayer una pista de a cuánto han ascendido realmente los abonos de AENA a los parcelistas a los que se les compró su casa. "Tengo la constancia de que se ha pagado, en un caso, más de 800.000 euros (133 millones de pesetas), al propietario de una vivienda de 400 metros cuadrados y 14.000 de parcela", aseguró el concejal. El organismo dependiente de Fomento declinó aportar cantidades, al ser acuerdos con privados.

En realidad, dichos acuerdos se han realizado mediante cantidades que no distinguen entre suelo y vivienda; en parte, para que los propietarios que no levantaron casas en sus terrenos no puedan realizar comparativas en el proceso de expropiaciones. AENA ha pagado cantidades cerradas producto de dos tasaciones contradictorias. Se trata de un método que no se contempla en la ley del suelo, que obliga a que toda vivienda sin licencia se expropie como si no existiese. El trabajo de desbroce de las valoraciones de los terrenos y las parcelas ha sido aportado por los propietarios sin vivienda, por medio de informes periciales que obran ya en poder del jurado provincial de valoraciones, un organismo administrativo que se encuentra en la Delegación de Gobierno de la Junta y que suele dictaminar en los conflictos entre expropiados y expropiadores una vez que escucha a las partes en un trámite contradictorio de audiencia. Sus decisiones se recurren por lo contencioso administrativo.

Fuentes conocedoras del proceso reconocen que son numerosos los propietarios (sin casa) que se han negado a aceptar las condiciones de AENA, lo que implica que esta cuestión puede acabar en los tribunales si Fomento no mejora sustancialmente su oferta. Entre los propietarios, existe la percepción de que, por razones políticas, se ha tratado mejor a quien ha vulnerado la ley que a quien desarrollaba una actividad legal, como la agrícola, en suelo rústico o a quien adquirió un terreno y esperó a que se aprobara el plan parcial de la zona para poder construir una vivienda sin tener problemas con la Policía Local. Existe un tercer supuesto en esta zona y es el del Real Aeroclub, a quien se le van a expropiar parte de sus instalaciones, ocupadas por una zona deportiva.

En total, AENA se ha propuesto adquirir de forma forzosa cerca de un millón de metros cuadrados para conseguir que la pista de aterrizaje tenga 2.000 metros de largo y 300 de ancho, así como el espacio necesario para las nuevas instalaciones del aeródromo. Según el listado emitido en su día, las propiedades afectadas son 188 de las que 111 corresponden a suelo con viviendas de las parcelaciones anexas, que son Fontanar de Quintos y La Altea.

Hace años, el terreno en este entorno se pagaba a cien pesetas el metro cuadrado. Eso permitió un incremento sustancial de las viviendas sin permiso creadas en torno al aeropuerto que se ha consolidado como uno de los grandes núcleos de población de las parcelaciones. Buena parte de esta zona se encuentra en proceso de legalización que no fue aprobado definitivamente, precisamente, para favorecer el proceso de expropiación una vez que AENA y el Ayuntamiento pactaron cómo pagar la factura del suelo.