Más de 1.500 viviendas turísticas anuladas en Córdoba en la mayor ofensiva contra el alquiler irregular

La ofensiva contra las viviendas turísticas irregulares ha entrado en una fase decisiva en Córdoba. Las actuaciones coordinadas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) y de la Junta de Andalucía han provocado la anulación de más de 1.500 inmuebles en la provincia, en un contexto marcado por la tensión del mercado residencial, la subida de precios y el debate sobre el equilibrio entre actividad turística y derecho a la vivienda.

642 revocaciones del registro estatal

En la provincia de Córdoba, el Ministerio ha revocado 642 solicitudes del nuevo registro estatal obligatorio de alquiler de corta duración, un sistema que convierte a España en el primer país de la UE en aplicar la normativa comunitaria que exige un identificador único para este tipo de alojamientos.

En total se presentaron 3.215 solicitudes, de las que 3.037 correspondían a alquiler turístico y 178 a alquiler de temporada. El hecho de que una de cada cinco peticiones haya sido denegada evidencia el grado de incumplimiento detectado. Las causas más frecuentes son deficiencias urbanísticas, ausencia de autorizaciones autonómicas o incompatibilidad con el uso residencial del inmueble.

Una vez comunicadas las resoluciones a las plataformas digitales, estas están obligadas a retirar los anuncios de los inmuebles sin número de registro válido, incluso cuando se ofertan en varios portales de manera simultánea. El objetivo es cerrar el paso a la comercialización online de viviendas fuera de la legalidad.

En la capital, Córdoba, se concentran 2.617 solicitudes y 512 revocaciones, lo que confirma que el fenómeno tiene un fuerte impacto urbano. La expansión del alquiler de corta estancia en barrios históricos ha coincidido con una reducción progresiva de la oferta de alquiler de larga duración.

896 cancelaciones en el registro andaluz

De forma paralela, la Junta ha intensificado la depuración del Registro de Turismo de Andalucía, lo que se ha traducido en 896 cancelaciones en la provincia, 755 de ellas en la capital. Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia integral de control, regulación y ordenación del sector, basada en inspecciones, cruce de datos y colaboración con los ayuntamientos.

La Administración autonómica sostiene que este refuerzo busca garantizar la convivencia entre residentes y visitantes, combatir la oferta ilegal y aportar seguridad jurídica tanto a propietarios como a consumidores.

En conjunto, entre las medidas estatales y autonómicas, Córdoba supera ampliamente el millar y medio de viviendas afectadas, una cifra que refleja la magnitud del proceso de regularización en marcha.

El 92% en el casco histórico y presión en el centro

Uno de los elementos más significativos es que el 92% de las viviendas turísticas de Córdoba capital se concentran en el casco histórico, Patrimonio Mundial y principal foco de atracción turística. Esta elevada concentración ha intensificado la presión sobre el parque residencial, reduciendo la disponibilidad de vivienda habitual y contribuyendo al encarecimiento de los alquileres.

El debate se centra en cómo compatibilizar el dinamismo turístico —clave en la economía local— con la función social de la vivienda y la preservación del tejido vecinal. Asociaciones de residentes alertan de procesos de gentrificación y pérdida de identidad urbana, mientras que el sector turístico reclama reglas claras y estabilidad normativa.

Más herramientas para los ayuntamientos y sanciones más duras

El nuevo marco autonómico, apoyado en el Decreto 31/2024 y el Decreto ley 1/2025, permite a los municipios suspender licencias hasta tres años, limitar el número de viviendas por edificio o zona y adaptar la actividad al planeamiento urbano.

Además, la futura Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, actualmente en tramitación en el Parlamento de Andalucía, incorporará por primera vez las Viviendas de Uso Turístico como servicio de alojamiento regulado. La norma endurecerá el régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros en infracciones graves y 600.000 euros en las muy graves, además de reforzar la inspección.

Reconducir vivienda al alquiler residencial

El propósito último de ambas administraciones es reducir la oferta ilegal, mejorar la transparencia y reorientar parte de estas viviendas al mercado de alquiler residencial. Con el registro único estatal operativo desde julio y el refuerzo autonómico en marcha, Córdoba se convierte en uno de los territorios donde el control del alquiler turístico se aplica con mayor intensidad.

Las cifras evidencian que la regulación ha pasado de una fase declarativa a otra ejecutiva, con revocaciones efectivas, cancelaciones registrales y sanciones disuasorias, en un intento de equilibrar el peso del turismo con el derecho a la vivienda en una ciudad donde el centro histórico concentra casi todo el fenómeno.