El Gobierno andaluz considera que el fondo Covid de 2021, que repartirá 13.486 millones de euros entre las comunidades autónomas, debe distribuirse siguiendo un criterio de población ajustada. Esta es la opción elegida por el Ejecutivo de PP y Ciudadanos, según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda a esta redacción, por lo que Andalucía se alinea con la mayoría de territorios en esta disyuntiva planteada por María Jesús Montero para dilucidar cómo hacer este reparto.

Junto a Andalucía están Asturias, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, comunidades gobernadas por el PSOE; pero también Castilla y León, Murcia y Galicia, donde el Ejecutivo lo lidera el PP; así como como Cantabria, donde está el PRC de Miguel Ángel Revilla. Del otro lado están las socialistas Navarra, La Rioja y Aragón, pero también el flamante Gobierno catalán de Pere Aragonès y el Ejecutivo de la popular Isabel Díaz Ayuso. Estas comunidades apuestan por repartir este fondo en función al PIB de cada región. En medio está el País Vasco, que no se ha posicionado de forma clara.

Fuentes de Hacienda aseguran que Andalucía ha sido la última región en contestar, si se obvia la indefinición del País Vasco, pero finalmente el departamento que dirige Juan Bravo ha optado por la población ajustada, que beneficia a la comunidad respecto al otro criterio ofrecido por Montero. El objetivo de esta pregunta era involucrar al PP en esta decisión, ya que necesita su apoyo para aprobar el decreto de reparto en el Congreso. Pero ha servido para exponer las diferencias de criterio entre las regiones sin importar el partido que las gobierna.

Con el reparto por población ajustada, que es el que defiende Montero, Andalucía puede recibir hasta 2.400 millones de este fondo estatal, que es la forma que el Gobierno utilizó para enjugar el déficit que las regiones tendrán este año por los gastos derivados de la pandemia. Con el reparto del PIB, que defienden Madrid y el Ejecutivo catalán de carácter independentista, Andalucía recibiría 1.745 millones.

La posición de ERC y el resto de fuerzas independentistas es relevante, ya que explica la prioridad de Montero por involucrar al PP en este debate. Las fuerzas catalanas rechazarán la propuesta si no va asociada al PIB, ya que es el criterio que les beneficia. El PNV, otro posible aliado del Gobierno, no se siente interpelado por el debate, ya que su modelo de financiación es distinto del resto de las regiones. 

En su comunicado a Montero, el consejero de Hacienda, Juan Bravo también ha pedido a Montero que articule un "fondo transitorio" que sirva para reducir los "desequilibrios" generados por el actual modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014 y que coloca a Andalucía, Murcia y Valencia como las regiones más perjudicadas.

"En tanto en cuanto no se nivelen las desigualdades de financiación, el problema persistirá", apuntan desde el departamento que dirige Juan Bravo, que también recuerda que lleva reclamando desde enero este fondo nivelador. Hacienda también insiste en la petición de convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este tema y otros como la devolución del IVA de 2017, la citada reforma de la financiación y las "previsibles liquidaciones negativas" que éste generará en 2022 y 2013 por el esfuerzo realizado por el Gobierno durante la pandemia para financiar a las comunidades.