La gestión del exalcalde de Fuente Palmera, Antonio Guisado, sigue marcando la vida política del municipio. El exregidor socialista, que acumula cinco años de prisión por delitos de corrupción, ha sido llamado hoy a declarar ante el Tribunal de Cuentas en relación al desvío de 591.000 euros de dinero público del cobro de impuestos municipales. También tendrán que declarar por la misma causa el exsecretario e exinterventor del Ayuntamiento colono, Carmelo T., y la exconcejala de Hacienda, María Isabel Ostos. El actual alcalde, Juan Antonio Fernández (PSOE), ha sido igualmente llamado por el organismo como representante actual del Consistorio, confirmaron fuentes próximas al caso.

El motivo no es otro que determinar la posible responsabilidad civil derivada del delito de falsedad documental por el que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a Guisado y al exsecretario a tres años de prisión. La misma sentencia requirió al Tribunal de Cuentas a abrir el procedimiento.

En la resolución queda probado que en 1991 el Ayuntamiento de Fuente Palmera se desvinculó del Consorcio que la Diputación había creado para la recaudación y gestión de los tributos municipales. Ante esta situación, Guisado, con el fin de dar una solución provisional, atribuyó a finales de año al exsecretario-interventor el cargo de recaudador municipal, pese a que le constaba la incompatibilidad legal para ejercer los dos puestos de forma simultánea. Durante la sesión extraordinaria del Pleno celebrado el 18 de febrero de 1991, el exalcalde comunicó a la Corporación que, debido a la emergencia planteada, había realizado tal nombramiento de forma provisional hasta que se articulase otro medio para proveer dicha plaza.

No mencionó, sin embargo, si el otro acusado recibiría alguna remuneración extra por las nuevas funciones recaudatorias que se le habían encomendado. El 27 de marzo de 1991, el Pleno decidió por mayoría absoluta la creación de un concurso restringido, sólo para el personal funcionario del Ayuntamiento, para cubrir la plaza de recaudador. Además, se fijaron los premios de cobranza con los que se retribuirían los servicios prestados por el aspirante elegido.

Pero, el alcalde, según el juez, hizo caso omiso a esta decisión y "jamás llegó a convocar el concurso, lo cual permitió a éste y al secretario-interventor consolidar por la vía de hecho el nombramiento ilícito, siendo uno y otro consciente de esa situación irregular". Esto, además, permitió a Carmelo T. continuar detentando indefinidamente las funciones recaudatorias y, por lo tanto, los premios de cobranza en los términos señalados por la Corporación municipal, a pesar de conocer la incompatibilidad de cargos.

La situación se prolongó hasta el mes de junio de 2003, pocos días antes de que el nuevo equipo de gobierno tomara posesión de sus cargos y Guisado tuviese que cesar como alcalde. Durante ese tiempo, el exsecretario percibió del Ayuntamiento de Fuente Palmera, además de su sueldo por este cargo, una cuantía de 591.891 euros por premios de cobranza por los tributos gestionados, una suma de la que ahora tendrán que dar cuenta ante el Tribunal de Cuentas.

La Audiencia Provincial también condenó a dos años de cárcel por un delito continuado de malversación de fondos con la atenuante de dilación indebida a Guisado y el extesorero a tres años de cárcel por el mismo delito en otro procedimiento por corrupción.