SIGUE la guerra de los funcionarios de la Junta de Andalucía contra los responsables de la  res pública de la dicha Comunidad. Como es sabido, la chispa que hizo estallar este conflicto -que no podemos calificar, precisamente, de laboral- la encontramos en una primera -y polémica- disposición legal, el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, que los funcionarios y opinión pública bautizaron con el ilustrativo apelativo de decretazo.

La oposición a esta medida legislativa se debe a que los contrarios a la misma le atribuyen distintas y concretas finalidades: por una parte, privatización de los servicios de la Administración de la comunidad autónoma. Por otra,  un sutil y descarado mecanismo jurídico ad hoc de enchufe de más de veinte mil empleados, a los que se pretende ubicar, con rango de funcionarios, en la Administración Pública sin haber superado las exigibles pruebas selectivas.

-¿Está justificada la acalorada, y reiterada, oposición a la indicada norma legislativa?

Es... mester ver. Y, en esta tarea, Las Tendillas recurre al siguiente análisis:

En primer lugar, resulta evidente que las corruptelas enchufistas constituyen una práctica habitual en la comunidad autónoma que los socialistas administran como si de un cortijo privado se tratara. Esto, hoy por hoy, es una evidencia. Es de dominio público.

A juicio de los funcionarios (y de todo quisque) el decretazo vendría a dar cobertura legal a estas corruptelas. Las llamadas "disposiciones complementarias" del decretazo tampoco evitan este caciqueo que, además de injusto, y hasta inmoral, constituiría una solemnísima tomadura de pelo, una más, de las muchísimas a las que los susodichos responsables políticos nos tienen acostumbrados.

Consecuentemente, la queja de los funcionarios, y de todo quisque, no parece que esté exenta de justificación.

Pero hay otras razones, a nuestro juicio fundadas, para oponerse al "decretazo" y sus "disposiciones complementarias". A saber:

Las comunidades autónomas están siendo muy cuestionadas actualmente. A juicio de los expertos más... optimistas (?), el actual sistema de funcionamiento constituye una carga que no podría soportar un país con la renta per capita más alta del mundo.

Es decir: la situación, de por sí, resulta insostenible. La crisis económica, una evidencia. En tales circunstancias, nuestros i-rresponsables de la cosa pública tienen la ocurrencia de añadir, a la ruina que ya tenemos, una carga -insostenible- de veinte mil funcionarios más... y por decretazo. ¡Sencillamente, demencial!