UNA buena amiga me decía, hace sólo unos días, tras una intervención quirúrgica a la que fui sometido en el Hospital Reina Sofía, que de aquella experiencia podía sacar en positivo un importante número de artículos de opinión en los que dibujar desde dentro la realidad de nuestra sanidad pública.

Por supuesto que la experiencia ha sido muy especial y son muchos los apuntes que en la memoria he tenido oportunidad de grabar. Sin embargo, hay ocasiones como esta en las que lo que uno siente que puede estar tan marcado por la subjetividad que expresarlo podría representar una traición a la realidad del entorno en el que me he movido.

Ha coincidido esta situación con la lucha que el presidente de los EEUU, Barack Obama, ha mantenido por conseguir un sistema público de salud en el país más rico del mundo y en el que, por lo ajustado de las votaciones en el Congreso y la respuesta ciudadana, no parece establecerse como prioritaria esta medida, fundamentalmente por la repercusión impositiva que la misma pueda tener sobre el bolsillo de los americanos.

En España, desde el 14 de diciembre de 1942, en los primeros años del régimen franquista, se instituyó por ley el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) que con carácter obligatorio iba dirigido a proteger a los trabajadores económicamente débiles cuyas rentas de trabajo no excedieran de unos límites fijados en aquellas fechas.

Entre las prestaciones de este seguro estaban la asistencia sanitaria por maternidad o enfermedad, así como la indemnización por la pérdida de retribuciones derivada de las situaciones anteriores.

Veintiún años después, con la Ley de Bases de la Seguridad Social, de 26 de diciembre de 1963, se instrumenta el desarrollo de nuestro actual sistema de Seguridad Social, modificando y ampliando las prestaciones sanitarias.

No es, por tanto, nuestro sistema público de salud un logro de la democracia sino que ésta no ha tenido sino que ir adaptándolo a los tiempos hasta llegar a lo que es en nuestros días. ¿Llevan razón los norteamericanos al albergar ciertos temores sobre el coste económico que la propuesta de Obama pueda representar?

Evidentemente sí. Máxime si el desarrollo de tal sistema es universal, como sucede en el caso de España, abarcando un número importante de prestaciones. ¿Compensa socialmente el gasto presupuestario que la medida conllevará? En este caso habría que definir multitud de matices ligados, como comentaba antes, a la universalización o no del sistema a toda la población, las prestaciones que contemple, el tipo de gestión que del mismo se haga, el mantenimiento de los actuales seguros privados de salud y así hasta un largo etcétera de apartados todavía no resueltos en los sistema públicos existentes y, cómo no, en el de España.

Ello puede hacernos dudar de la sostenibilidad de este tipo de sistemas, como en la actualidad está sucediendo con el español, incapaces de mantener el coste que representan las nuevas tecnologías, el gasto en infraestructuras y personal o un gran número de prestaciones entre las que destaca la farmacéutica.

Todo esto teniendo en cuenta que nuestro país es de los que menos presupuesto destina a la Sanidad pública, con un gasto per cápita a la cola de la Europa de los 15, sólo superado, a la baja, claro está, por Grecia, lo que haría insostenible para nuestras arcas llegar a los niveles de Dinamarca, Francia o Suecia, donde en algunos casos destinan alrededor de 1.000 euros más que España por habitante y año.

Pero es que, además, en el caso de España son diez millones de ciudadanos los que tienen contratado un seguro privado de salud, con el 90% de los casos en la modalidad de prestación sanitaria, lo que nos hace dudar de la calidad que el español percibe en el público a pesar del coste del mismo.

Es por ello que estoy convencido de que tanto en Estados Unidos como aquí, hará falta definir en un caso y redefinir en el otro, el modelo público sanitario, de forma que ofreciendo la necesaria cobertura social sea no sólo viable sino también compatible con la aseguración privada, evitando duplicidades de recursos y gasto que hoy sin lugar a dudas se dan.

Una redefinición que debería contemplar, entre otras medidas, el respeto a la dignidad del paciente a la hora de vivir, en la intimidad, su proceso de enfermedad. ¿Recuerdan el engaño mantenido de las promesas realizadas por los gobierno socialistas de habitaciones individuales?