LA facilitación de la actividad económica y de la creación de empleo es una de las exigencias sociales más urgentes de la situación económica actual en Andalucía. El desempleo constituye la principal preocupación social de los andaluces, confirmado por los datos de paro registrado del mes de abril de 2009, en el que casi hemos llegado a un millón de desempleados en nuestra tierra.

Mientras que la población andaluza supone el 17% de la población total del Estado, la población andaluza desempleada alcanza el 25% del total del paro nacional. Además, un 12% de las familias tienen a todos sus miembros en el paro.

Para este desafío social y económico, los ayuntamientos andaluces tienen unas posibilidades de actuación aún no explotadas. Con carácter general, hace desde final del siglo pasado la Unión Europea ha considerado a las autoridades locales como un agente institucional clave en la dinamización económica y social del territorio, a través de la concertación con el resto de agentes económicos y sociales que operan y se implican con el desarrollo económico y la creación de empleo en el territorio. Por tratarse de la administración más cercana, puede operar con más eficacia en el diseño y ejecución de políticas locales de desarrollo económico y empleo.

Además de las actuales medidas del Fondo Especial de Inversión Local, ya en desarrollo en cooperación Administración Local-Administración General del Estado, hay que recordar que en los últimos años los representantes del poder local (que por cierto, también es Estado según la Constitución) han reclamado nuevas competencias para las entidades locales en materia de promoción de desarrollo económico local y más financiación estructural al efecto. La Administración Local andaluza podría y debería, pues, convertirse en sujeto fundamental de la estructura de los mercados de trabajo en su dimensión local, contribuyendo no sólo al fomento de nuevas inversiones empresariales, sino también a la calidad del empleo que se pueda generar.

En estos días se habla de la puesta en marcha de un nuevo proyecto, la apuesta por un cambio de modelo económico, basado en la economía verde, con pilares más sostenibles ambientalmente. Dicen que se va a iniciar en Andalucía, habrá que ver en qué términos. En cualquier caso, y con independencia de esta iniciativa gubernamental, lo que sí es evidente es el desarrollo local será sostenible ambientalmente o no será, y sobre todo después del rotundo fracaso de la economías basada exclusivamente en la construcción.

En todo caso, elemento muy importante para la definición y ejecución de políticas locales de empleo y desarrollo económico es la participación ciudadana. En este sentido, el profesor Emilio Carrillo Benito ha sostenido que en la participación cívica se halla la base de un desarrollo local auténticamente sostenible (sostenibilidad económica, social y ambiental), por lo que los programas y acciones de desarrollo han de articular fórmulas potentes que den mayor protagonismo a la iniciativa privada, a la sociedad civil, y en definitiva, a la gente de la calle. Se trata de dar contenido de propuestas de carácter económico y social a la participación ciudadana, superando el hasta ahora predominante carácter de petición de mejoras físicas para las ciudades, profundizando de este modo en el concepto de administración local participada y profundamente democrática.

En Andalucía, región en la que lo sufrimos especialmente, el reto de las acciones públicas para frenar el desempleo hemos de afrontarlo preferentemente en lo local, con la decidida implicacion de todos (agentes empresariales, colegios profesionales, organizaciones sociales, etc.) pero con la Administración Local como actor principal de un proceso del que los principales beneficiarios serán nuestros conciudadanos, y sobre todo, los desempleados andaluces.

Para este gran objetivo el Gobierno de España y el de la Junta de Andalucía han intensificar sus acción de cooperación con los ayuntamientos andaluces, y han de ampliar la lineas de financiación de medidas especiales para el empleo en Andalucía, a ejecutar por la Administración Local. Casi un millón de personas que sufren esperan más respuestas desde lo público.