EL Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar los resultados de la Encuesta de la Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre del pasado año 2008. La tasa de paro nacional de nuestro país alcanza ya el 13,91% de la población activa, pero en la comunidad autónoma de Andalucia es mucho más grave, pues la tasa de paro se disparó al 21,78% (casi ocho puntos superior a la tasa nacional).

Pero si analizamos provincia a provincia el conjunto de España, la situación del desempleo en Andalucía es aún más grave, pues, entre las provincias con mayores tasas de paro se sitúan seis provincias andaluzas, todas ellas por encima del 20% de tasa de paro: Almería (24,98%), Granada (23,14%), Málaga (23,60%), Cádiz (21,96%), Huelva (20,85%) y Córdoba (20,16%). En ese duduso ránking nacional tan sólo se ha colado una provincia no andaluza, Las Palmas (22,16%).

En la otra parte de la tabla de desempleo, entre las provincias con menor tasa de desempleo, se sitúan Soria (5,40%), Huesca (6,42%), Lugo (6,6%), Ourense 6,62%), Guipúzcoa (6,68%), Álava (7,53%), o Teruel (7,67%). Es de destacar que en durante todo el año 2008 tanto las provincias vascas como las gallegas han estado situadas entre las que mejor han aguantado la tendencia negativa de destrucción de empleo, junto a otras provincias con muy poca población como Soria, Teruel o Huesca. En cambio, zonas como Madrid, Valencia o Zaragoza que en los años anteriores fueron referentes en la creación de empleo, han tenido en el pasado 2008 una evolución muy negativa.

De los datos expuestos, como andaluz me pregunto ¿qué pasa en Andalucía?, ¿por qué siempre estamos a la cabeza del desempleo?. Al efecto, debería iniciarse un proceso sincero y compartido de reflexión sobre las causas estructurales que nos llevan permanentemente a tener varias provincias andaluzas entre las que tienen mayores tasas de paro en el conjunto del Estado. Administración, empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales y sociedad en general deberíamos mirarnos a la cara sinceramente, abandonar mensajes complacientes, y abordar decididamente procesos de solución de esta auténtica lacra social, que es para el 72% de la población española el principal problema (últimos datos del CIS).

Sigo considerando que los Ayuntamientos tienen unas potencialidades de actuación aún no explotadas en la lucha contra el desempleo. Tradicionalmente la Unión Europea ha considerado las autoridades locales como un agente institucional clave en la dinamización económica y social del territorio, a través de la concertación con el resto de agentes económicos y sociales que operan y se implican con ese objetivo común. Por tratarse de la administración más cercana, puede operar con más eficacia en el diseño y ejecución de políticas locales de desarrollo económico y empleo.

En esta dimensión local, se pueden investigar y hacer realidad con más facilidad previsiones de nuevos empleos y nuevas actividades empresariales que vengan a dar respuesta a nuevas demandas de la sociedad civil. En este sentido, dinamización de la cultural local, la conservación del patrimonio, las actividades ligadas al turismo cultural, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la creación en el sector audiovisual, la protección del medio ambiente, la vigilancia de espacios públicos o privados, el cuidado de personas (de la infancia o la tercera edad), o la organización de eventos deportivos, son destacadas nuevas líneas de desarrollo profesional que pueden venir a aportar soluciones al problema del desempleo que sufrimos en nuestra tierra.

Por último, es conveniente recordar que los representantes de la Administración Local tienen reclamadas nuevas competencias para las entidades locales en materia de promoción de desarrollo económico local y más financiación estructural al efecto. La Administración Local podría convertirse en sujeto fundamental de la reactivación de los mercados de trabajo en su dimensión local, contribuyendo no sólo al fomento de nuevas inversiones empresariales, sino también a la calidad del empleo que se pueda generar.

La situación actual de profunda crisis económica y social (según esta última EPA, más de 800.000 familias tienen todos sus miembros en el paro) puede ser un momento importante para que los Ayuntamientos reclamen su propio espacio institucional de actuación para empezar a salir de esta situación. Y en Andalucía, estaría aún más justificado.