LA última vez que ha saltado a los medios ha sido en el instituto San Álvaro, pero la realidad es que 17 veces al año el director de cualquier instituto de Secundaria de Córdoba se ve obligado a afrontar un problema de convivencia en su centro. Así lo ha demostrado el Defensor del Ciudadano, Francisco García-Calabrés, en un magnífico estudio titulado Convivencia en la comunidad educativa en el que pone el dedo sobre la llaga de la cada vez mayor proliferación de enfrentamientos y peleas en el interior de nuestros colegios e institutos. El trabajo, que surge de la respuesta de 160 claustros de Secundaria de toda la provincia y no cuenta con datos oficiales por la negativa de la Junta a facilitarlos -¿por qué será?-, ofrece datos lamentables sobre el día a día de los centros, el perfil de los acosadores-abusadores-insultadores o los niveles de exclusión del alumnado inmigrante en las clases. Además, acompaña su análisis con un dato demoledor, y es que el 50% de los padres no sabe cómo debe educar a sus hijos. Llamativo.

He aquí la realidad del sistema educativo andaluz: violencia, insultos, insubordinación y alumnos cada vez más ignorantes. Y ante esto, la Administración mira para el lado, escurre el bulto de su responsabilidad con multitud de protocolos para todo y soluciones para nada. Ya se sabe que cuando alguien sin recursos quiere solucionar un problema su primera medida es burocratizar el sistema -de manera que uno acaba rellenando impresos e informes hasta para ir al servicio- y la segunda es crear miles de comisiones y equipos de trabajo que mantengan ocupados a unos cuantos que no tienen ni idea de lo que hablan porque no se han fajado en el terreno, aunque redactan unas conclusiones maravillosas. En este sentido, una de las mayores verdades que he oído nunca es la que dice que no hay nada que le guste más al torpe que llenarse de papeles a los que poder echarles la culpa de su incapacidad. Esto, que ocurre en absolutamente todos los ámbitos de la vida, se ve con claridad en la Educación andaluza, llena de protocolos, comités escolares, comités directivos, comités de programas y toda suerte de grupúsculos opinadores. Lo único que no hay es un comité que diga que para estudiar hay que hincar los codos, que el futuro hay que ganarlo con esfuerzo y que al profesor, yo diría al maestro, hay que respetarlo como la institución que es. De lo contrario, en el próximo informe del Defensor del Ciudadano el número de problemas de convivencia será aún mayor y los docentes tendrán que acudir a clase con armadura. Claro que sólo leerán el informe aquellos que fueron al colegio hace dos décadas; que obligar a las jóvenes generaciones a leer es de fascistas.