El presidente de la plataforma A Desalambrar, Patrick William Philpott, tendrá que pagar una multa de 1.080 euros por romper un candado en una finca de Córdoba, tal y como ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso el Día.

El fallo recoge que el 5 de marzo de 2006, un numeroso grupo de personas, la mayoría pertenecientes a este colectivo ecologista que defiende la recuperación de las veredas y caminos públicos, se concentró en la finca La Armenta -situada en la Sierra de Córdoba- y rompió el candado de la cancela para poder acceder a su interior. Esta actuación provocó daños en la puerta y dejó inutilizado el candado de la misma.

Este grupo también tachó con pintura los términos de "prohibido" y "no" de un cartel el que se informaba sobre la imposibilidad de acceder a la finca. Según la sentencia, estos hechos tienen su origen en anteriores incidentes de la propiedad con grupos de senderistas y otros usuarios de caminos públicos, algunos de los cuales atraviesan la finca "pero que, a día de hoy, no han sido deslindados administrativamente".

El fallo judicial apunta que el móvil más o menos altruista que motiva esta actuación para liberar terrenos "no puede ser erigido en una patente de corso para atropellar derechos ajenos que, mientras la autoridad competente no diga lo contrario, son dignos de protección". Apunta también, en este sentido, "que a nadie, en un Estado de Derecho, le es lícito tomarse la Justicia por su mano, y menos postularse como censor para calificar situaciones jurídicas en orden a la titularidad de fincas, caminos o terrenos". Sin embargo, la sala que juzgó este caso entiende que, sin embargo, estos hechos no pueden ser considerados ni como constitutivos de delito ni como falta de daños, en la medida en que no se aprecia "el elemento intencional que ha de guiar este tipo de conductas, siendo los daños ocasionados en el candado y demás objetos, pintadas incluidas, elementos integrantes de la propia parafernalia de los actos integrantes en el delito de coacciones", que es por el que ha sido condenado el presidente de A Desalambrar.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena a pagar 10 euros diarios durante un año por el delito de coacciones.