"Es imposible que sólo un secretario judicial pueda controlar 750 sentencias"

Los secretarios judiciales secundarán mañana un paro de tres horas para protestar por la situación de colapso que sufren los juzgados. La sanción a la secretaria del caso Mari Luz ha sido la detonante de un acto de protesta inédito convocado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Lo explica José Antonio Guerra, delegado del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

-¿Cuál es el objetivo del acto de protesta de mañana?

-Queremos que la opinión pública conozca que la insuficiencia de medios materiales ha sido la verdadera causa del caso Mari Luz. Reivindicamos, además, que se desarrolle la regulación de la oficina judicial, establecida por una ley orgánica aprobada en 2003. Esta normativa establecía una redistribución de funciones que no se ha llevado a cabo. Y, por último, pedimos la reforma de las leyes procesales.

-¿Y ayudarán estas reivindicaciones a que la administración de Justicia sea más ágil?

-El desarrollo de estas medidas es fundamental para que se produzca una verdadera modernización de la administración de Justicia. Tenemos unas leyes decimonónicas y unos equipos informáticos del siglo XX, pero ya nos encontramos en pleno el siglo XXI. La ley orgánica considera al secretario judicial como una piedra angular. Somos licenciados en Derecho, con unas oposiciones con cerca de 300 temas, pero estamos desaprovechados.

-¿Qué funciones desempeñan en la actualidad los secretarios?

-Hay ciudadanos que piensan que somos los secretarios del juez, pero en ningún modo es así. Los secretarios de lo penal asisten a las vistas orales dos días por semana y, en el caso de juicios rápidos, tienen vistas a diario. Así que, al final, al secretario le quedan doce días al mes para preocuparse de controlar la oficina judicial, tramitar todos los expedientes y controlar los registros. En este aspecto, el Ministerio cada vez está exigiendo más, pero hay disfunciones en el funcionamiento.

-¿Qué es lo que no está funcionando?

-El registro de penados y rebeldes, por ejemplo, tarda alrededor de 40 días en actualizarse. Así que durante este tiempo no constan los antecedentes penales de una persona, por lo que puede ocurrir que un individuo comparezca ante el juez de guardia sin que conste todavía su historial delictivo. Otra cuestión es el registro de violencia de género. Cuando se produce un delito de estas características, hay que remitirlo de manera inmediata, pero la interrelación entre los registros informáticos del juzgado y las fuerzas de seguridad no se hace de manera inmediata. Así que se crean disfunciones. El Ministerio, ahora, lo intenta corregir, lo que significa reconocer que antes no funcionaba de la mejor manera.

-Cada juzgado de lo Penal acumula 750 sentencias en fase de ejecución. ¿Puede un solo secreario controlar el estado de todas estas resoluciones?

-No, es imposible, porque el funcionario tiene que atender muchas otras tareas, como la estadística judicial. Las cuentas todavía se hacen con papel y lápiz. No hay una tecla de ordenador que te ofrezca todos los datos.

-En cuanto al personal, ¿cuentan los juzgados con suficientes funcionarios para sacar el trabajo adelante?

-El gran problema que existe en la actualidad es que las bajas se cubren con personal interino sin preparación, porque proceden incluso del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Hay ejemplos esclarecedores. En un juzgado de lo Penal de Córdoba, en 2007 sólo durante ocho días estuvo la plantilla al completo, y este año han pasado ya 15 interinos. En un primera instancia, de mayo a septiembre han pasado 12. Si a esto le unimos la falta de preparación y la gran cantidad de ejecutorias, es difícil que el trabajo salga con una calidad aceptable. A esto hay que añadir que las últimas reformas legislativas están incrementando el trabajo de los juzgados de lo Penal, tanto en complejidad como en cantidad de sentencias.

-¿Es injusta, por tanto, la sanción a la secretaria del caso Mari Luz?

-Todos los funcionarios estamos sometidos a la posibilidad de que nos abran un expediente disciplinario, pero choca un poco que, frente a la solicitud de seis meses de suspensión de empleo y sueldo propuesta por el instructor, el ministerio haya elevado la sanción a dos años. A esto han ayudado la presión mediática y las ingerencias políticas.

-¿Están los secretarios solos en esta reivindicación o cuentan con el apoyo del resto de estamentos judiciales?

-Estas reivindicaciones son de todos los estamentos, desde los funcionarios a los jueces o los profesionales. Si la Justicia funciona adecuadamente, todos los ciudadanos se benefician.

-¿Y cuáles serán los efectos reales del paro?

-Estamos a la espera de que se establezcan los servicios mínimos, pero la mayoría de los compañeros de Córdoba, por unanimidad, se han adherido a las actuaciones.