Una sucursal por cada 1.500 ciudadanos de la provincia

El proceso de reestructuración al que se está sometiendo la totalidad de la banca española, con objeto de sanearla, no sólo ha repercutido en un exhaustivo control de su gestión, sino que también ha afectado a su plantilla, que se ha visto reducida y, por consiguiente, a la disminución del número de sucursales ubicadas a lo largo y ancho de la provincia. Actualmente, los habitantes cordobeses disponen de un total de 555 sucursales, de las que el 99% son entidades de depósito y sólo el 1% (cinco sucursales) se dedican única y exclusivamente a las operaciones relacionadas con la concesión de préstamos.

Según la serie histórica del Banco de España, que recoge trimestralmente la variación del número de sucursales a nivel estatal y provincial desde el año 1962, Córdoba siempre ha tenido una dinámica ascendente, con algún vaivén trimestral, como es lógico, llegando a su punto más alto en los dos últimos trimestres de 2008, cuando la provincia disponía de un total de 696 oficinas bancarias, 141 mas que en la actualidad, de las cuales 687 eran entidades de depósito y el resto de oficinas estaban especializadas en la concesión de préstamos. El número de sucursales de las que disponemos hoy día se asemeja al número de oficinas que había en 1983, cuando la provincia disponía de 554 oficinas. Esta reducción tan significativa se debe a la desaparición, casi en su totalidad, de las cajas de ahorros, ya que la mayoría de ellas, debido a las pérdidas económicas que arrastraban, fueron asumidas por los bancos.

Como consecuencia de la reducción de entidades, el número de oficinas por habitante también ha bajado. Mientras que en el año 2008 había una entidad financiera para cada 1.154 habitantes de la provincia, aproximadamente, en la actualidad esta relación se ha ampliado hasta llegar a una sucursal para cada 1.447 cordobeses.

La reducción de bancos y cajas no perjudica en demasía a los habitantes de Córdoba capital y a los de las ciudades con un amplio padrón e importante actividad económica, pero si puede llegar a convertirse en un problema para los vecinos de municipios pequeños, de entre 1.000 a 2.000 habitantes. En la mayoría de estas localidades las oficinas han sido cerradas a cal y canto. Las cajas de ahorros más de lo mismo.

Esta situación ha provocado que muchos de los habitantes de estas zonas rurales tienen que desplazarse a la localidad más cercana que disponga de una sucursal para hacer los trámites administrativos que necesiten o, simplemente, para sacar dinero del cajero automático. Pero los más perjudicados por estos cierres es la población más envejecida. La mayoría de estas personas no disponen de los medios de transporte necesarios para desplazarse y hacer las operaciones pertinentes como hacían hace apenas unos años.