El plan sobre el aborto de Castilla y León ha llegado al Gobierno de España, que ha activado la maquinaria para evitar que PP y Vox adopten en esta región cualquier actuación que afecte a la ley del aborto. En este sentido, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un acuerdo por el que "se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León" para que se abstenga de adoptar "cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior", según ha anunciado esta mañana el propio Gobierno central. 

La Junta de Castilla y León tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, cuya admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma recurrida, hasta que se pronuncie el tribunal.

El domingo 15 de enero, el Ministerio de Sanidad ya envió un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León en el que se solicitaba que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo" y añadía que "en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese de inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer que ha decidido abortar o no haya manifestado expresamente su intención de llevar éste a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".