La Audiencia Provincial de Castellón ha celebrado el juicio contra un hombre de 41 años al que se le acusa de violar, golpear, amenazar e insultar a su pareja, en el verano del 2018, en la casa que compartían en la localidad de Benassal, en Castellón.

La Fiscalía pedía para el agresor 14 años de prisión pero finalmente la Audiencia ha determinado una pena de 13 años debido a que, finalmente, se le eliminó un delito de amenazas que también se le atribuía porque no pudo quedar probado en la sala.

Se le acusa, por tanto, de los delitos de maltrato y agresión sexual continuada a quien entonces era su pareja, que sin consentimiento, éste obligaba a que mantuvieran relaciones sexuales.

El juicio, de especial complejidad ya que tanto víctima como agresor necesitaron intérpretes porque no manejan el español, se celebró el 2 de marzo. En él, la víctima, que se presentó como acusación particular después de denunciar los hechos, tuvo que intervenir mediante videoconferencia puesto que se encuentra actualmente en Bucarest, en Rumanía. Hizo lo mismo uno de los testigos.

El primero en declarar fue, sin embargo, el procesado, que negó todos los hechos aludiendo a que su expareja no estaba diciendo la verdad. "Eso es mentira", respondió a cada una de las preguntas formuladas para saber si había pegado, amenazado o agredido sexualmente a la denunciante.

Por su parte, la mujer, que tuvo algunas imprecisiones en su relato porque no recordaba algunas cosas y por la dificultad del idioma, se ratificó en la declaración realizada durante la instrucción donde narró con detalle dos episodios de agresión sexual vividos con el procesado.

Reconoció que “me quitó la ropa y  obligó a mantener relaciones sexuales. Yo le dije que no quería hacer nada", aseguró, al tiempo que remarcó que, supuestamente, el procesado le pidió que no lo denunciara. Además, declaró que el acusado le controlaba el teléfono y no le dejaba hablar con otras personas cuando estaban juntos. 

Por tanto, la mujer refrendó el escrito de acusación de la Fiscalía donde se relata que ella "le manifestó que no quería y no podía mantener relaciones sexuales porque se encontraba mal por la anterior agresión”. Ante esto, la denunciante ha relatado que el procesado, “con el propósito de satisfacer sus deseos libidinosos, se colocó encima de ella y le quitó la ropa para, tras sujetarla por los hombros, penetrarla vaginalmente y eyacular”.

Ha continuado, en el relato de los hechos detallados por el fiscal que “pasados 15 minutos de dicha agresión, el procesado le dijo a su pareja que quería volver a tener relaciones y, a pesar de que ella le insistía en que no quería, el acusado se colocó lateralmente detrás de ella y la penetró vaginalmente hasta eyacular, tras lo cual, se durmió”.

En la vista también han declaradolos dos guardia civiles a los que la mujer acudió para denunciar los hechos cuando estos se encontraban regulando el tráfico a la puerta de un colegio. 

Ante el nerviosismo de la mujer, la llevaron al centro de salud, donde la médico, que también era de nacionalidad rumana, les transmitió que la paciente había podido sufrir una agresión sexual. Fue entonces cuando se abrió una investigación para averiguar qué había pasado.

La defensa, después de que el acusado negara todos los hechos, ha pedido la libre absolución de su cliente aludiendo a dos motivos: el relato incongruente que supuestamente ha elaborado la víctima y la toma de muestras de restos biológicos que se le hicieron a éste sin que diera su consentimiento expreso para ello.