La Fiscalía pide siete años de cárcel para un hombre que, presuntamente, descargó y distribuyó pornografía infantil en 2016 desde su ordenador, en el que guardaba más de 260 vídeos ilegales, lo que sería para el acusado su segunda condena por tenencia y distribución de contenido pedófilo.

En el juicio, que ha tenido lugar este martes en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado, aunque, alternativamente, reclama que se castigue a su cliente únicamente por la posesión de vídeos pedófilos porque -dice- no quiso reenviar ese contenido a terceras personas.

Varios policías nacionales que intervinieron en la instrucción del caso han narrado en el juicio que las sospechas sobre la presunta actividad pedófila del acusado surgieron a partir de movimientos en internet a través del rastreo de direcciones "IP".

Cuando comprobaron su vivienda, situada en la localidad barcelonesa de Mataró, los agentes se personaron en el domicilio para su registro con autorización judicial, en mayo de 2016.

El procesado lo reconoció

En la entrada y registro, han detallado los policías nacionales, el procesado aceptó que tenía varios vídeos pedófilos y colaboró con los agentes mostrando en qué ordenador tenía los archivos y facilitando las contraseñas requeridas.

El hombre, según apuntan los agentes, presuntamente utilizaba para intercambiar vídeos pedófilos un programa informático que vincula usuarios conectados a la red sin la necesidad de ningún intermediario.

Con ese programa, ha remarcado un perito informático de la Policía Nacional que se encargó del análisis exhaustivo del ordenador sospechoso, si un usuario descarga un archivo a su ordenador, automáticamente el documento se pone a disposición de otras personas conectadas a la red para que lo puedan descargar.

Ese perito ha dicho que el acusado había borrado los historiales de descarga y de distribución del programa informático, pero que la Policía Nacional pudo comprobar que había habido movimientos de distribución de vídeos hasta la las 03.00 horas de la madrugada anterior a la entrada y registro de los agentes.

La Policía Nacional encontró en dos carpetas del ordenador del acusado más de 260 vídeos pornográficos en los que aparecían menores.

El procesado, de avanzada edad, se ha negado a declarar en un inicio, pero ha utilizado su turno de palabra para decir que sí que descargó archivos pedófilos aunque en ningún caso quería distribuirlos, y que hacía "todo lo que podía" para mover de carpeta o borrar los archivos a los que podían acceder terceras personas.

"Mi impulso no podía evitar descargar los vídeos pero siempre he intentado que no se distribuyeran", ha dicho el hombre.

Delito de distribución de pornografía infantil

La Fiscalía sostiene que esos hechos son constitutivos de un delito de distribución de pornografía infantil, con una agravante por reincidencia en el mismo delito, por lo que pide para el procesado, además de los siete años de cárcel, su inhabilitación durante cinco años para cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto regular con menores.

El Ministerio Público también solicita para el procesado una medida de libertad vigilada de ocho años tras el cumplimiento de la pena de prisión.

La defensa, por su parte, ha pedido la nulidad del caso porque considera que se vulneraron los derechos del procesado a la hora de obtener el material informático durante la entrada y registro de su domicilio.

Sin embargo, en el caso de que el tribunal dictamine que el procesado es culpable, la defensa ha considerado excesiva la calificación de la Fiscalía y ha argumentado que, en todo caso, los magistrados deberían condenar a su cliente por la tenencia de contenido pedófilo y no por su distribución, que, dice, no ha quedado acreditada.