En febrero de 2019 la madre de una joven acudía al cuartel de la Guardia Civil de Lalín, en Pontevedra, para denunciar la desaparición de su hija.

A pesar de que habían hablado en algunas ocasiones por mensajes y videollamadas o de que incluso ella le había enviado fotografías, éstas eran siempre de muy mala calidad y la madre tenía la firme sospecha de que a su hija le estaba pasando algo con su pareja sentimental.

Ambos habían comenzado a vivir juntos en un piso pero al poco tiempo el contacto entre la chica y su familia se había ido reduciendo y la madre comenzó a tener dudas sobre si era ella realmente quien respondía a sus mensajes y no su novio.

Cuando la madre puso en conocimiento a los agentes de la Guardia Civil éstos acudieron al domicilio que compartían, en una zona rural, pero no encontraron a nadie en su interior.

La madre lo dejó pasar pero un tiempo después le informaron de que su hija había logrado huir de su pareja, que la tenía secuestrada y a la que había sometido a múltiples agresiones de gravedad extendidas en el tiempo.

Cuando la madre acudió a su encuentro la encontró en el centro de salud de Lalín, pero su estado físico era tan deplorable que la trasladaron al hospital de Santiago de Compostela.

“Cuando la vi no sabía si era mi hija u otra persona”, explicó su progenitora ante las magistradas de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra. “No era mi hija, tenía el pelo triscado, sus gafas rotas pegadas con celo, la nariz partida, las orejas deformes”

Al acusado por los hechos se le investiga como autor del supuesto secuestro de esta mujer y de las continuas humillaciones, golpes y palizas, amenazas, coacciones y agresiones sexuales reiteradas empleando una extrema violencia que dejaron en ella incontables lesiones físicas y psicológicas. 

Niega los hechos

Este hombre con el que la víctima había iniciado una relación sentimental ya había sido condenado en el pasado a 4 años de cárcel por violencia de género contra otra mujer, sin embargo ha negado todos los hechos.

Cuando las acusaciones le preguntaron por la innumerables lesionesque tenía la víctima, el acusado justificó que habían sido fruto deaccidentes domésticos u otras situaciones provocadas, según él, por la propia víctima.

Las conmociones cerebrales (algunas de ellas con pérdida de consciencia) fueron consecuencia de “golpes que se daba contra unas vigas cada vez que subía”; las deformidades que presenta en las orejas se deben, dijo el procesado, “a una infección” por unos pendientes que se ponía y que él mismo “le intentó curar”.

Las decenas de fracturas que presentaba en la zona costal y en las extremidades fueron “caídas desde un poni que teníamos”. Las marcas en la cara, “heridas causadas por la perra” o los latigazos que presentaba en las piernas fueron autoinflingidos por ella misma.

También justificó que, pese a su juventud, la víctima perdió dos piezas dentales por la “podredumbre” y no por los puñetazos y palizas que él le propinaba.

En los informes finales de las acusaciones se relató esta situación de terror que la mujer, presuntamente, vivió durante meses. Llegó a dormir en el suelo con los animales o a ser obligada a ducharse con agua fría en pleno invierno, bajo torturas.

Todo ello, mientras según contó la afectada, la mantenía retenida en casa sin dejarla salir, sin móvil y sin llevarla al médico cuando era agredida.

El informe de la forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia no hizo más que ratificar las múltiples lesiones de la chica. La forense que lo realizó confesó que era “uno de los casos más impactantes con el que me he encontrado en 15 años de carrera profesional en materia de violencia de género”.

Además comentó que le llamó especialmente la atención que a pesar de sentir dolor la víctima ni se quejaba y que en 11 horas que llevaba sin comer no manifestó ni hambre ni sed. “Para mí es un conjunto inequívoco de un maltrato habitual”, concluyó.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan que se le impongan al acusado las penas más altas por múltiples delitos, desde detención ilegal, a lesiones con deformidad, amenazas, coacciones, agresión sexual continuada o trato degradante. En total, suman unos 62 años de prisión, frente a los 57 que solicitaba inicialmente antes del juicio.