Corría el año 1997, concretamente el 21 de noviembre, cuando Javier López Aldea, de 42 años, era asesinado a cuchilladas cuando salía del ascensor de su casa en Zaragoza.

Minutos antes había estado desayunando en un bar que había junto a su domicilio. Era auditor judicial y el día que acabaron con su vida llevaba en sus manos un reloj de oro macizo y un maletín de piel de una elevada calidad. La persona que lo agredió no le robó nada de eso, solo quería matar a Javier López.

Las cámaras de seguridad de la zona pudieron grabar cómo había una persona muy cerca de él en todos los sitios en los que la víctima estuvo, pero nunca lo identificaron.

Quien le dio muerte a López Aldea lo esperó en el párking a que bajara con el ascensor. Le asestó dos puñaladas y arrastró el cadáver hasta dos turismos. Allí fue hallado por unos vecinos que no dudaron en llamar a la Policía Nacional, que levantó el cadáver.

Días antes, este auditor judicial había denunciado la quiebra fraudulenta del casino Montesblancos, con la que el dueño del espacio había ganado una importante suma de dinero. 

Javier estaba casado y era padre de dos niñas pequeñas. Era propietario, junto a otro socio, de True & Fair, una empresa auditora de cuentas. Un año antes de su asesinato fue designado interventor del casino por parte de la jueza de primera instancia después de que el Casino Montesblancos se declarara en quiebra técnica por falta de liquidez.

Este local había sido, con anterioridad, un próspero negocio en el que había hotel, sala de fiestas, piscina y hasta un campo de tiro.

Donde había entrado dinero a espuertas ahora no había ni para pagar a Hacienda, ni a la Seguridad Social ni al Gobierno de Aragón, que cobraba un impuesto por el juego. Sin embargo, la víctima del crimen consideró que eso no era así, que se había producido un fraude y redactó un informe que no dudó en asegurar que esa quiebra era fraudulenta.

Estaba tan seguro de ello que no solo lo denunció ante un juzgado de Monzón sino que además le confesó a la jueza que lo que estaba descubriendo era de tal calibre que podrían incluso acabar con su vida.

 Por este motivo, la hipótesis de un ajuste de cuentas fue la principal que barajó el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y en la que trabajó desde un primer momento, aunque sin éxito.

Tras la investigación por el asesinato los agentes llegaron a detener a dos personas dos semanas después, entre las que estaba el propietario de dicho casino. Sin embargo no encontraron pruebas suficientes contra ninguno y ambos quedaron en libertad.

Justo antes de morir, Javier López le contó a su mujer que estaba destapando una trama en la que podía estar implicada hasta la Diputación General de Aragón.

La detención del empresario se produjo a principios de diciembre. Fue citado por los investigadores sin saber que iba a acabar en los calabozos. Acudió, inicialmente, para hacer unas diligencias con su abogado defensor. De ahí pasó ante el juez instructor, que decidió enviarlo a prisión, pero no estuvo mucho tiempo entre rejas. El juez le impuso una fianza de 50 millones de pesetas de la que solo pagó 2 millones para quedar en libertad.  

El interrogatorio duró más de dos horas, llegando a preguntar el juez si había contratado a alguien para que cometiera el crimen. El empresario confesó que lo había amenazado pero que nunca habría participado en su muerte. Una semana después su imputación fue archivada.

Tres años después, en el año 2000, imputaban a otra persona: Luís Martínez de Baños, un ex guardia civil al que señalaron como el presunto sicario de Javier. Sin embargo tampoco encontraron pruebas concluyentes contra él.

En mayo del 2001 la instrucción fue archivada de forma indefinida por la Audiencia Provincial de Zaragoza porque no había pruebas contra los que fueron sospechosos. A este segundo hombre lo arrestaron en dos ocasiones más por tráfico de drogas pero nunca se pudo demostrar quién mató a Javier López y el caso quedó, finalmente, sin resolver.