La futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) impondrá un límite del 8% a la temporalidad y convertirá las plazas temporales de 25.000 profesores asociados en indefinidas, según fuentes del Ministerio de Universidades.

De este modo, se persigue reducir la temporalidad del 40 al 8 por ciento. A juicio de este departamento, la estabilización del profesorado asociado como personal indefinido conllevaría mejorar las condiciones laborales, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros.

Además de esta estabilización, el Ministerio incorpora a la LOSU otras medidas para reducir la precariedad, así como la inclusión como mérito preferente de la experiencia docente del profesorado temporal en algunos concursos a Ayudante Doctor; equipara los méritos de investigación y docencia en todos los concursos; e insta a las universidades a fomentar los contratos predoctorales a profesorado temporal no doctor que quiera incorporarse a la carrera académica.

Con sus propuestas, el Ministerio de Universidades asegura que da un "paso decisivo" en la lucha contra la temporalidad y la precariedad estableciendo una serie de medidas destinadas y orientadas a desprecarizar un modelo que, según asegura, "se ha extendido demasiado tiempo", dotando de mejores condiciones laborales, de mayor estabilidad laboral, y de medidas de promoción para una buena parte del profesorado universitario; y "mejorando" la calidad del sistema universitario en su conjunto.

El pasado mes de mayo, el ministro de Universidades, Joan Subirats, presentó el nuevo documento de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, resultado de un proceso de escucha con representantes de todas las universidades públicas españolas, ya sean sus rectores, como sus equipos, así como representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI), y con otros actores de la comunidad universitaria como sindicatos, estudiantado, las Defensorías Universitarias, los jóvenes investigadores, la red de bibliotecas, las gerencias de las universidades, consejos sociales, Federación Española de Municipios y Provincias o a los agentes del diálogo social, entre otros.

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un gasto del 1% del PIB. Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB. Este aumento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose.