El Comité de Bioética, integrado por expertos jurídicos, médicos, académicos y científicos, ha respaldado la nueva ley del aborto, pero ha considerado "insuficiente" la propuesta de reforma, porque debería incluir medidas "explícitas" de apoyo a las madres, especialmente "en circunstancias gravosas". Así se recoge en el informe de este comité, elaborado a propuesta del Ministerio de Justicia y que ha sido aprobado por nueve de los doce miembros que lo constituyen e incorpora tres votos particulares.

Este órgano de carácter consultivo valora que el anteproyecto de ley "suprima la indicación eugenésica" (el supuesto de malformación para poder abortar) y "elimine así la discriminación en la valoración del nasciturus en atención a su posible discapacidad, tal como ocurre en la legislación vigente". Además, respalda el cambio de modelo propuesto en la reforma, frente a la norma vigente, al considerar que "permitir el aborto durante las primeras catorce semanas de gestación, sin que concurra conflicto alguno, supone una desprotección absoluta del ser humano por nacer".

No obstante, los expertos consideran que el anteproyecto sólo podrá dar los resultados que se esperan -reducción en el número de abortos- si se elabora y pone en marcha "una política explícita de apoyo a la maternidad, que debería quedar reflejada en las políticas del Gobierno, así como en las que se llevan a cabo en todos los niveles de las administraciones públicas". La presidenta del Comité, Teresa López, ha asegurado que estas medidas de apoyo explícito a las embarazadas en "circunstancias extremas" son "perfectamente viables" y no requieren políticas "muy costosas".

Estas medidas, según el informe, deberán ofrecerles apoyo y protección en ámbitos relacionados con la salud, la prestación de servicios, el funcionamiento del mercado de trabajo, la vivienda y la ayuda económica. "A una mujer que no tiene vivienda y que está embarazada no podemos dejarla en la calle; una mujer que no puede dar de comer a su hijo porque no tiene ningún tipo de recurso no podemos dejarla en la calle. Es un apoyo claro para atender esas situaciones", ha señalado López. El Comité señala que las causas que pueden llevar a una mujer a tomar la decisión de interrumpir de manera definitiva su embarazado son diversas y considera que "muchas" de ellas dejarían de serlo "si se pusieran en marcha los instrumentos necesarios para dar cobertura a las necesidades de estas mujeres, ofreciéndoles todos los recursos necesarios -no sólo económicos-".

En el caso de mujeres que decidan continuar con el embarazo, el Comité cree que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que el embarazo y el futuro bebé se desarrollen con dignidad, para lo cual habría que revisar la cartera de servicios. Además, este órgano considera que para proteger la vida del no nacido, además de las ayudas anteriores y en los casos que fuera necesario, el Estado debería asumir la tutela y protección efectiva de los neonatos. Según el informe, el Gobierno debería priorizar todas estas medidas para que tengan "efectos inmediatos sobre los recursos asignados en los Presupuestos Generales del Estado".

En cuanto a la regulación del asesoramiento que establece la reforma, el Comité la considera "adecuada", aunque propone que se lleve a cabo a través de unidades multidisciplinares de asesoramiento ante embarazos en situaciones de conflicto, creadas en la sanidad pública o acreditadas por ella, utilizando, en su caso, la colaboración público-privada. Respecto al tratamiento del consentimiento de las menores, los expertos creen que el anteproyecto establece un "complejo y, en ocasiones, confuso mecanismo" para recabar el asentimiento de los padres o tutor o, en su defecto, de la autoridad judicial. Por ello, recomienda revisar el texto, "con el objeto de clarificar los supuestos en los que debe producirse la intervención judicial".

De los tres votos particulares, uno de ellos, al que se han sumado dos de los nueve miembros que han respaldado el informe, defiende que el supuesto de daño físico o psíquico para la madre se separe en dos, de tal forma que haya un tercer supuesto en el que se permita a la mujer abortar cuando el embarazo le suponga un "daño moral", según ha explicado López.