Pensiones

La CEOE se descuelga del acuerdo sobre el mecanismo de equidad de las pensiones

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

La CEOE se ha descolgado del acuerdo que negociaba el Ministerio de Inclusión con patronal y sindicatos para cerrar un mecanismo de equidad intergeneracional que asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones y que supondría una subida de cotizaciones.

La CEOE ha expresado en un comunicado su rechazo a una propuesta del Gobierno que considera "insuficiente" y que, asegura, al conllevar un alza de las cotizaciones, tendrá efectos negativos sobre el empleo.

El Gobierno ha llevado al encuentro de este lunes, explican a Efe fuentes de la negociación, una nueva propuesta que gradúa el aumento de las cotizaciones en función de los años, empezando por 0,2 puntos adicionales en 2023 para subir 0,3 en 2024, 0,5 en 2025 hasta alcanzar 0,6 en 2026.

Esta alza de 0,6 puntos de las cotizaciones se repartiría entre 0,5 puntos para la empresa y 0,1 puntos para el trabajador y se mantendría hasta 2032, cuando volvería a reducirse al mismo ritmo: 0,5 puntos en 2033, 0,3 puntos en 2034 y 0,2 puntos en 2035.

La última propuesta que presentó el Gobierno el pasado lunes planteaba una cotización adicional a la Seguridad Social de 0,6 puntos, que empresas y trabajadores deberían abonar durante diez años para nutrir el fondo de reserva a razón de 0,4 y 0,2 puntos.

Aunque la propuesta de esta mañana aminoraba en cierto modo este incremento, la CEOE ha rechazado pactar un diseño que conlleve subida de cotizaciones.

"CEOE y Cepyme han subrayado que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones", han informado en un comunicado tras concluir la reunión de esta mañana.

"El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones. Además, la propuesta del Ejecutivo tiene poco de intergeneracional, ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes", añade la patronal.

Tras este "no" de la CEOE, Gobierno y sindicatos tienen previsto seguir negociando esta tarde los detalles de este mecanismo de equidad, llamado a sustituir al factor de sostenibilidad y para el que se había fijado este lunes como fecha límite para el acuerdo.

UGT ha apuntado que la salida de CEOE "abre un nuevo escenario" donde la propuesta puede "sufrir cambios" mientras que CCOO ha señalado que "mantiene algunas diferencias" con la postura actual del Gobierno y ha manifestado su disposición "a seguir negociando para llegar a un acuerdo en el plazo más breve posible".

Este incremento de las cotizaciones tendría un carácter finalista, ya que iría destinado a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.

Así, el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, está llamado a hacer frente a un incremento futuro del gasto como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.

Además de este aumento de los ingresos, el mecanismo limita el gasto en pensiones, de forma que el incremento anual sobre el PIB, según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report de 2024, no supere 0,8 puntos del PIB en 2050, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy.

Y para ello, a partir de 2033, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo, que pasan por la distribución de activos del fondo de reserva, con un límite anual del 0,2% del PIB.

Si se supera dicho límite o se agota la llamada hucha de las pensiones, el Gobierno deberá negociar con los interlocutores sociales una propuesta dirigida a reducir el gasto en pensiones sobre el PIB con base en las recomendaciones del Pacto de Toledo y, en caso de que no sea suficiente, a elevar las cotizaciones sociales.

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