Un año clave para reorientar el sistema
Política Sanitaria
Tras un periodo de zozobra en la política sanitaria, 2026 será el año de demostrar, a nivel nacional y autonómico, si los planes y presupuestos bajan del papel a la consulta
Si 2025 fue un curso agitado en la política sanitaria, tras unos años de resaca pandémica y reformas de calado sin acometer, 2026 será el año en el que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tenga que demostrar qué cambios bajan a pie de consulta y cuáles se quedan en el papel. En todas las Comunidades Autónomas persiste la presión en Atención Primaria, con demoras cronificadas, plantillas al límite y problemas estructurales que en Andalucía se han materializado, por ejemplo, en la crisis de los cribados de cáncer de mama. En una comunidad donde la capilaridad del sistema es clave y el reto demográfico se concentra en el mundo rural, mejorar la accesibilidad sigue siendo un desafío central.
El marco de trabajo ya está en buena parte escrito y financiado. En 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó la distribución de más de 229 millones de euros para reforzar Atención Primaria, salud mental y prevención del suicidio, con partidas específicas para cada plan. La pregunta para 2026 es si ese dinero se traduce en recursos tangibles: agendas, equipos, dispositivos y tiempos de respuesta que ofrezcan resultados reales en salud.
El CISNS también dio luz verde al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que apuesta por equipos más amplios y por descargar burocracia. En su presentación destacó la figura del “administrativo en salud” y la ampliación de competencias hacia perfiles como fisioterapia, nutrición o trabajo social, aunque siguen por definir funciones, competencias, categoría profesional y retribución.
Andalucía llega además con agenda propia a través de la Estrategia de Salud Comunitaria de Andalucía 2026-2030 (ESCA), aprobada en diciembre de 2025, que busca estructurar la salud comunitaria desde Atención Primaria, en coordinación con Salud Pública, ciudadanía y administraciones locales. El presupuesto asignado es de cinco millones de euros para cinco años. Como constante compartida por todas las comunidades, el debate sobre la gestión de las listas de espera seguirá siendo el gran termómetro social, y no solo en cirugía. Los últimos datos del Sistema de Información de Listas de Espera del SNS (SISLE) muestran el peso de las consultas externas: a 30 de junio de 2025 había 81,4 personas por cada 1.000 en lista para una primera consulta hospitalaria. Cuando la primera consulta se retrasa, se retrasa todo: pruebas, diagnóstico, derivaciones y, en algunos casos, la propia cirugía.
En el capítulo de personal sanitario, la reforma del Estatuto Marco será uno de los textos más conflictivos de 2026. El Ministerio de Sanidad ha publicado el borrador del Nuevo Estatuto Marco, que introduce cambios en estabilidad, conciliación, prevención de riesgos y regulación de jornadas para evitar excesos y garantizar descansos. El pulso real estará en la negociación, con asuntos clave como guardias, incentivos, carrera profesional y zonas de difícil cobertura. En Andalucía, esto debería traducirse en continuidad asistencial y en la capacidad de retener especialistas fuera de las grandes áreas metropolitanas.
Además, en 2026 vuelve a emerger como termómetro del sistema el debate sobre Muface. Enero abre el plazo de cambio ordinario de entidad dentro del concierto 2025-2027, en un contexto de creciente discusión sobre usos mixtos público-privados.
En paralelo, dentro de la Estrategia de Salud Digital 2021-2026, se están desarrollando seis planes nacionales de acción para desplegar herramientas digitales que faciliten la atención a pacientes y el trabajo profesional. En Andalucía, el consejero Antonio Sanz anunció la víspera de Nochebuena una inversión de 316 millones de euros para impulsar la nueva Estrategia de Salud Digital 2030. 2026 será un año clave para comprobar si la tecnología reduce la burocracia o simplemente la transforma.
Por último, habrá margen para empezar a ejecutar los fondos que el CISNS aprobó en 2025 ligados a salud mental: 39 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y 17,83 millones destinados a la prevención del suicidio.
Nuevo marco en la evaluación de medicamentos
Por un lado, la evaluación europea de tecnologías sanitarias (HTA) es aplicable desde el 12 de enero de 2025 y empieza por áreas como oncología. Desde el 12 de enero de 2025, el Reglamento (UE) 2021/2282 ha cambiado el “orden de marcha” de la evaluación clínica de la innovación en Europa: los nuevos medicamentos oncológicos con nueva sustancia activa y los medicamentos de terapia avanzada (ATMP) que entren por autorización centralizada pasan a estar sujetos a Evaluaciones Clínicas Conjuntas (JCA por sus siglas en inglés) a escala europea. La clave es distinguir niveles. La JCA europea aporta un informe clínico común (comparación de efectos en salud frente a alternativas, con metodología armonizada) pensado para alimentar los procesos nacionales. Pero no decide precios, financiación ni condiciones de acceso. Esa parte sigue siendo competencia estatal y autonómica. Por otro, los desabastecimientos se abordan ya como política pública. La AEMPS publicó el Plan de Garantías de Abastecimiento 2025-2030 “con el objetivo de reforzar la cadena de suministro de medicamentos”. Entre sus líneas, plantea mejorar la identificación precoz y la gestión de incidencias, además de optimizar la información pública.
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