LA CALLE POR AGUSTÍN DÍAZ ROBLEDO

Plazos administrativos

Ayer, 20 de septiembre, se cumplieron 18 meses de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Andalucía. Como su disposición adicional segunda establece este periodo para que el Gobierno y la Junta se pongan de acuerdo sobre el importe de la deuda histórica, ya tenemos a los partidos discutiendo sobre la importancia de cumplir los plazos y sobre la cantidad que el Estado debe abonar Andalucía, que oscila entre los 1.148 millones (PSOE) y 7.500 millones (IU).

Como nada sé de la forma de calcular esta deuda, nada diré sobre el asunto, confiando en que los partidos y sus expertos sabrán encontrar la cifra exacta espigando en la inexistente contabilidad nacional territorializada y partiendo de no se sabe cuál año de la Historia de España. Mientras tanto, mejor será que me fije  en otros plazos más comprensibles, como los que afectan a nuestra vida cotidiana. El primer plazo reciente que uno puede recordar es el muy conocido de la granadina de 96 años citada por la Junta para 2012 para comprobar si tiene derecho a la ayuda de la Ley de dependencia. Con buen criterio, la Junta ha revisado esta cita, dejándonos a algunos con las ganas de criticarla; por más que la Consejera lo puso fácil con el argumento de que la edad por sí misma no es una dependencia. Al parecer, para la Consejera no es motivo de sonrojo que la petición de un ciudadano (tenga la edad que tenga) no empiece a resolverse hasta dentro de cuatro años. En la vida civil, estemos vivos o muertos para entonces, no deja de ser un plazo extraordinariamente largo.

Claro que seguramente el retraso esté justificado por la dificultad de cumplir esta ley, norma estatal que deben de aplicar las Comunidades. Si miro en mi trato cotidiano con la Junta, puedo para darme cuenta de que ese no es el plazo habitual. Veamos un ejemplo: en julio solicité el carnet de familia numerosa en la Delegación de Igualdad y solo tendré que esperar tres meses para que me lo expidan. Como casualmente el mismo día pedí al Ministerio de Justicia un certificado de penales, que me expidieron sobre la marcha, y un par de días después solicité por correo la renovación del carnet de conducir, que me llegó rápidamente, pensé que el Estado se ha reservado los servicios más fáciles, traspasando los complejos a las Comunidades. Además,  tampoco pasa nada durante esos tres meses: con una fotocopia de la solicitud de familia numerosa ya puede disfrutar sus ventajas. He escrito fotocopia y no me he equivocado: el impreso en el que se solicita no tiene copia, sin duda como forma de luchar contra la deforestación, aunque a los padres ultranerviosos se nos ofrece la posibilidad de hacer una fotocopia por nuestra cuenta. Pero merece la pena, pues con ella pude inscribir a mi hijo pequeño en una guardería de la Junta. Por cierto, con instalaciones excelentes, aunque mi hijo todavía no las ha usado  porque, tres semanas después del comienzo del curso, su clase sigue sin personal responsable, pendiente de no sé cual trámite administrativo, cuya lentitud agradezco porque así seguiré disfrutando más tiempo de su compañía.

También agradezco que la matrícula no pueda domiciliarse en una cuenta corriente y tenga que ir todos los meses a Hacienda de la Junta a pagar el correspondiente precio público. Un paseo por Granada siempre viene bien, incluso cuando uno recuerda al pasar por la Delegación de Innovación que en enero le presenté una solicitud de ayuda para una estancia investigadora en Alemania en agosto y que a fecha de hoy todavía no ha respondido. Qué tiempos aquellos de Felipe González en el que Ministerio de Educación contestaba en tres meses. Pero no tengo motivo para la queja: en el mismo paseo me encuentro con un amigo que sale de la Delegación enfadado porque el Registro de Cooperativas tarda siete meses, siete, en registrarle las cuentas anuales. ¡Cuando a una sociedad anónima le tardan un par de días en el Registro Mercantil!, me dice exaltado. Alguna explicación tendrá, hombre. Vamos tomemos una cerveza y analicemos la situación. Porque no vamos a dudar ahora de la gran verdad del Estado autonómico: la Administración autonómica, por ser más cercana al ciudadano, y haga lo que haga, siempre funciona mejor que la estatal. Andalucía, imparable.

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