Lucena concluirá en mayo la confección del pliego administrativo que sustentará la compra de 11 inmuebles para su incorporación al parque de viviendas sociales. El propósito inicial del equipo de gobierno socialista  consiste en culminar, en este año 2022, la adquisición de estos pisos, probablemente a entidades bancarias.

En el presupuesto del presente curso económico, el Ayuntamiento ha consignado una cuantía global de 450.000 euros, ligada al desarrollo de un Plan Municipal de Vivienda. El grueso de este importe -350.000 euros- financiará la obtención de la titularidad de los pisos, así como los impuestos devengados, y la cantidad restante -100.000 euros- posibilitará la realización de las indispensables actuaciones de rehabilitación.

Actualmente, unas 80 familias, usuarias de Servicios Sociales, aguardan el acceso a un piso de protección oficial. La carencia de dotaciones de esta tipología ha supuesto una constancia en la localidad en los últimos años.

En la última sesión plenaria, ante las preguntas de Ciudadanos, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE), verbalizó su confianza en finalizar “a finales o a mediados de mayo” la elaboración “del pliego definitivo”. El área de Urbanismo ha de redactar un informe que se adjuntará al expediente que regulará la licitación y posterior adjudicación.

Los estudios previos desarrollados por técnicos municipales han detectado que “la necesidad es patente”, sobre todo, “de pisos de 2 y 1 dormitorios”, ha precisado la edil socialista.

Al disponer de “lotes”, resultan más viable los acuerdos con entidades bancarias, aunque desde el Ayuntamiento también contemplan concertar estas transmisiones con particulares. Sí supone una premisa ineludible la dispersión de los pisos al objeto de evitar la concentración, en determinadas zonas, de viviendas de esta naturaleza y la creación de “bloques gueto”.

Simultáneamente, avanzan los desahucios de algunos pisos ubicados en El Zarpazo, gestionados por Suvilusa, siempre que los lanzamientos no comprometan a familias registradas como beneficiarias de ayudas y supervisión en Servicios Sociales. Estas acciones judiciales posibilitan la liberación de unos pisos que también incrementarán el parque público municipal.

El Ayuntamiento, asimismo, avanza en la disolución e integración en su estructura de la empresa municipal de vivienda. Carmen Gallardo ha manifestado su voluntad de que termine antes de que en mayo se impulse el concurso público relativo a la adquisición de las 11 viviendas. Una vez desaparezca Suvilusa, la materia de vivienda quedará integrada en Servicios Sociales.

Para 2023, el Ayuntamiento replicará en los presupuestos municipales una partida de similar cuantía a la actual, destinada a la consecución de más inmuebles para entregarlos a familias vulnerables.