Enquistamiento inacabable de la licitación del nuevo pliego de la ayuda a domicilio en Lucena. La actual concesionaria –DomusVi, nueva denominación de Servisar- acumula más de un año y medio de prestación del servicio obligada por una prórroga forzosa iniciada en mayo del 2019. En dos ocasiones consecutivas, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha anulado el expediente. Por tercera vez, el Ayuntamiento emprende, desde su inicio, el procedimiento de contratación de mayor cuantía ya que asciende a unos 3,5 millones anuales.

La inclusión de una cláusula, de puntuación decisiva, relativa al incremento salarial ha motivado, de manera repetida, la impugnación formulada por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio y la consiguiente anulación en el tribunal autonómico.

En la primera tentativa frustrada, la patronal también alegó contra la exigencia de acreditar una experiencia específica superior a cinco años en municipios mayores de 5.000 habitantes. Una objeción igualmente respaldada por el mencionado órgano administrativo independiente.

El equipo de gobierno socialista, Partido Popular y Ciudadanos sumaron sus votos al aprobar, el pasado mes de junio, el pliego ahora invalidado y que continúa un aumento de en los sueldos del 2,5%. La tabla de emolumentos fijaba las horas ordinarias en 14,35 euros mientras que las festivas se abonaban con 16,39 euros.

La edil de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE), ha expandido la responsabilidad entre las tres formaciones políticas, expresando, implícitamente, que el gobierno municipal, apreciando el "consenso", aceptó aplicar la ponderación determinante del criterio salarial ante la “insistencia” de Partido Popular y Ciudadanos. “No podíamos negarnos a subir el salario de alguna manera”, ha apostillado.

Acerca del futuro pliego, “sobre el que ya se está trabajando”, puntualiza Gallardo, ha aseverado que prescindirá de cualquier epígrafe vinculado a una elevación de los emolumentos que perciben los 170 empleados. Ha garantizado que cristalizará en el transcurso del 2021.

IU insiste en una gestión directa

La concejala socialista reconoce, tras la sesión plenaria que validó el segundo desistimiento, que “no podemos obligar a una empresa a decidir qué va a pagarla a sus trabajadores, hay muchas sentencias al respecto”.

La introducción de una valoración preferente para el crecimiento de los sueldos ya se había topado con sendos informes jurídicos contrarios suscritos por el secretario y el vicesecretario municipal. Además, la interventora del Consistorio advirtió de que, al atañer a una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, únicamente esta administración posee atribuciones al satisfacer el coste y rechazaba la aportación de un suplemento proveniente de las arcas municipales.

Durante la última sesión plenaria, Izquierda Unida incidió en su conocida demanda de absorber el desarrollo de esta cobertura esencial y desplegará a través de una gestión directa. Carmen Gallardo, retóricamente, volvió a afearle a IU, argumentándolo como contradicción, que mantuviera la actual fórmula cuando pilotó la delegación de Servicios Sociales en el mandato comprendido entre los años 2011 y 2015. Y sostuvo Gallardo que la alternativa propuesta por IU significará “prácticamente echar a la calle a las trabajadores porque tendrían que concursar en un proceso de selección para formar parte de la plantilla del Ayuntamiento”.

Anteriormente, en el mes de agosto, el Pleno desestimaba el recurso presentado por la patronal del sector de la ayuda a domicilio. Después del pronunciamiento del Tribunal Administración de Recursos Contractuales de Andalucía, con fecha 26 de noviembre, el Consistorio, en la sesión de este martes, liquida el proceso al admitir la concurrencia de una infracción no subsanable.