El exinterventor y el exjefe de contabilidad del Consorcio Provincial de Bomberos de Córdoba, imputados por un presunto delito de malversación por el agujero contable de 15 millones de euros en la entidad dependiente de la Diputación, defendieron ayer su inocencia ante el juez instructor y negaron estar al tanto de la contabilidad paralela hallada. Los dos funcionarios declararon ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2; primero lo hizo el exinterventor, que lo hizo durante una hora, y luego llegó el turno del exresponsable de contabilidad.

Fuentes judiciales detallaron que los dos imputados negaron los hechos y coincidieron al afirmar que el exgerente del consorcio, Antonio Navarrete -el principal imputado en la causa-, desempeñaba también en la práctica las funciones de tesorero y secretario. Fue el exinterventor quien se enfrentó a un cuestionario más profuso, sobre todo por parte del representante jurídico de la Diputación.

El exinterventor negó que conociera que Navarrete llevaba una doble contabilidad y subrayó que sus informes sobre el presupuesto y las liquidaciones en la entidad se basaban siempre en los datos oficiales. Insistió, además, en que de la información que Navarrete facilitaba no se deducía ninguna operación irregular, sino que esa contabilidad A cuadraba y era correcta, detallaron fuentes judiciales conocedoras del caso.

El exgerente de la empresa provincial de bomberos se negó a prestar declaración ante el juez instructor el pasado febrero, pese a lo cual le fue impuesta una fianza civil de 830.000 euros por los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los dos técnicos están imputados por malversación por su supuesta falta de control sobre las cuentas. Durante la gestión de Navarrete en el consorcio de bomberos, se abrió un agujero de casi 15 millones de euros por impagos a la Seguridad Social de la cuota de los trabajadores y por el no abono del IRPF de los empleados de la empresa a Hacienda, lo que ha obligado a los nuevos gestores de la empresa a poner en marcha un plan de viabilidad para salvar la entidad y garantizar el servicio en todos los municipios.