Las secuelas de la operación Rocket

RODEADA de un estruendoso despliegue policial, la detención de la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, a primera hora de la mañana del martes sorprendía a los vecinos de esta localidad guadiateña. Los agentes, liderados por un grupo llegado de Madrid, registraron el Ayuntamiento, las instalaciones de la empresa municipal Promociones Industriales, la vivienda de la propia portavoz socialista y, más tarde, la sede del Club Polideportivo Peñarroya, presidido por el marido de la exregidora. Pasadas las 10:00 llegó la confirmación oficial, a través de una nota del Ministerio del Interior: la Guardia Civil intentaba desenredar una supuesta trama corrupta en torno a la gestión de subvenciones al desarrollo del municipio, con diez imputados -algunos de ellos trabajadores y técnicos municipales- y tres detenidos. Aparte de la mencionada exalcaldesa, los otros dos son los empresarios promotores de las iniciativas del Tren Turístico y del Museo del Ferrocarril: el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y la Compañía Nacional de Ferrocarriles Turísticos.

El desarrollo de la operación policial, anticipado por la nota oficial -hablaba ya de número de registros y de imputaciones antes incluso de que se notificaran a los implicados-, no sólo arroja sombras sobre la gestión de Ruiz en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, sino que supone una dura prueba de fuego para el PSOE cordobés y andaluz -Ruiz es miembro de la Ejecutiva regional del partido- y pone en entredicho la finalidad de los fondos Miner que en los últimos años ha recibido el Consistorio peñarriblense y toda la comarca del Guadiato. Respetando la presunción de inocencia -la situación de imputado es una figura jurídica que puede cambiar-, Ruiz deberá aclarar ahora qué ocurrieron con los 1,8 millones de euros que el municipio recibió para poner en marcha el proyecto fracasado del Tren Turístico y con 500.000 euros que concedió el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para la compra de maquinaria con la que dar contenido al Museo del Ferrocarril. La propia alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Gil (PP), desveló el martes que ha sido el actual equipo de gobierno quien en octubre del año pasado presentó una denuncia tras recibir la reclamación por el cobro de unas facturas a la que no fue capaz de dar explicaciones. La interventora y la secretaria municipales en aquella época, imputadas en la causa, aseguran que no hay irregularidades, pero será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo quien tenga la última palabra en una investigación que se antoja compleja, entre otros aspectos, por la enemistad patente entre Ruiz y la alcaldesa. La detención y puesta en libertad con cargos por tres delitos de la líder de los socialistas peñarriblenses supone también una dura prueba para el PSOE cordobés y andaluz, debido al papel destacado que en ambos juega la imputada.

El secretario provincial del partido, Juan Pablo Durán, ha mostrado poca contundencia al abordar la situación de otros imputados por corrupción en la provincia, como el alcalde de Benamejí, José Ropero, implicado en un caso de dietas irregulares, o el exregidor de Fuente Palmera, Antonio Guisado, ya condenado por la Audiencia Provincial. En un momento en que la ciudadanía reclama transparencia a las instituciones, no se entienden determinados silencios o medidas tintas al abordar casos que tienen que ver con el dinero público. La operación Rocket, por último, pone el foco sobre la gestión de los fondos Miner. Mientras los municipios del Valle del Guadiato se encuentran inmersos en una lucha para que no se corten estas ayudas al desarrollo tras la clausura de la actividad minera, la trama investigada poco favor hace a la imagen de estas subvenciones, tan importante para la política. El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García, ya advirtió el viernes de que la coalición de izquierdas se mantendrá vigilante para que lo ocurrido no sea una excusa para finiquitar el Miner, y determinadas voces del PSOE hablan a micrófono cerrado de buscar un cabeza de turco para meter la tijera a estas ayudas. Peñarroya-Pueblonuevo ha recibido 26 millones de euros entre 2003 y 2013, que han servido fundamentalmente para cambiar el modelo de comunicaciones en la comarca. Se han renovado carreteras y se han construido infraestructuras, pero la fijación de nuevas empresas y la creación de empleo, tan fundamental en estos momentos de crisis, es una tarea pendiente.