El reto de no tener que rogar un jornal

Algo no se debe estar haciendo bien en el campo cordobés -y por extensión en el andaluz- cuando, cada cierto tiempo, quienes se dedican de manera temporal a trabajar en los tajos encuentran problemas no ya para sumar los 35 jornales necesarios para cobrar el subsidio, sino simplemente para formar parte de una cuadrilla, como sigue ocurriéndole a muchas mujeres. Sobre estos hechos han llamado la atención el PSOE e Izquierda Unida, por separado, en sendas comparecencias públicas para reclamar al Gobierno central que conceda la gracia de eliminar este año la obligatoriedad de reunir las peonadas para tener derecho a cobrar el subsidio.

Miramos este año hacia el cielo y hacia la tierra que se resquebraja en los olivares por la falta de agua, y se encienden las alarmas en la Andalucía rural por la pobre cosecha de aceituna y todo lo que ello significa para las economías domésticas. Lope Ruiz (PSOE), alcalde de Iznájar, describía el viernes lo que está a punto de ocurrir en municipios como el suyo, ejemplo de esa Andalucía de interior cuyo futuro se debate entre la agroindustria y el turismo rural, sin que ni una ni otra opción terminen de despegar. "Hay muchos trabajadores que lo van a pasar muy mal. Las empresas agrícolas están protegidas porque tienen seguros y reciben ayudas de la Unión Europea, pero para los trabajadores la situación es compleja y hay que ser sensibles", dijo el regidor. "Al final, los vecinos nos trasladan a los ayuntamientos todas estas dificultades", asumió.

Precisamente, alrededor de 40 alcaldes del PSOE y cargos públicos del partido registraron el viernes por la mañana un escrito en la Subdelegación del Gobierno para demandar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que este año suprima las peonadas por la situación excepcional de la sequía. "Los trabajadores del campo andaluz no quieren caridad ni beneficiencia, sino trabajar", llegó a lamentar la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz y diputada por Córdoba, María Jesús Serrano. Es lo que, por desgracia, ocurre periódicamente -ya sea por la sequía como ahora o por cualquier otro motivo-: rogar por un jornal. Y tiene una difícil explicación en un territorio eminentemente agrario que ya debería haber construido los resortes adecuados para evitar estas situaciones.

Entre el paquete de medidas solicitado al Gobierno central por el PSOE, se encuentra un plan extraordinario de empleo agrario que ayude a los jornaleros a completar su salario, aunque paradójicamente estos días trabajados no computarán para la suma del subsidio. Este PFEA extraordinario -o antiguo PER-, en caso de aplicarse, permitirá a los ayuntamientos dotarse de mano de obra para arreglar calles o embellecer jardines. Se trata de una solución rápida, algo así como un tratamiento contra los síntomas de una enfermedad pero no contra la enfermedad en sí, porque el problema de fondo seguirá. Pan para hoy y hambre para mañana aplicado a municipios que como Iznájar, Nueva Carteya, Doña Mencía, Baena y un buen número más tienen en el olivar su principal sustento.

Precisamente desde Baena, municipio aceitunero por excelencia, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, también pedía al Gobierno justicia para los temporeros del campo e incidía en la idea de un PER extraordinario; o, lo que es lo mismo, más dinero para el arreglo de calles, plazas y jardines.

Pero el problema es más profundo, como asumía la diputada María Jesús Serrano. De ahí la propuesta de constituir una mesa de diálogo social en la que se analice al detalle la situación del mundo rural, sus oportunidades y fortalezas, sus debilidades y amenazas. En otras palabras, buscar soluciones a largo plazo para que la situación cambie y que las vidas de quienes se dedican al campo no queden al arbitrio de la lluvia o el sol como ocurría siglos atrás. Ese debe ser el reto de las administraciones y de los agentes sociales.

Impedir que el valor añadido de lo que aquí se produce se vaya a otros territorios; ampliar la red de industrias auxiliares para la agroindustria o incentivar el nacimiento de nuevas empresas y cooperativas son sólo tres medidas, todas a largo plazo, que podrían ayudar a cambiar la vida en el ámbito rural, evitar el éxodo de los jóvenes e incorporar definitivamente a la mujer.