El uso de residuos ayudará a acabar con 300 balsas de alpechín en Córdoba
Esta medida convertirá en fertilizante las aguas residuales del lavado del aceite y disminuirá el nivel de los depósitos actuales, que creció alrededor de 1,5 metros después de las últimas precipitaciones
La Consejería de Agricultura de la Junta abrió ayer el plazo para que las cooperativas olivareras presenten las solicitudes para el tratamiento y utilización de los subproductos líquidos de las almazaras. Según informó el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, con esta normativa se da la posibilidad a las olivareras de que utilicen estos residuos como fertilizantes de suelos agrícolas. Con esta normativa, la Junta pretende eliminar o descender la cantidad de estas balsas donde se depositan los restos líquidos de la limpieza del aceite y de la aceituna. En la actualidad, cerca de 300 de estas balsas salpican las zonas agrícolas de la provincia, según informó el delegado de la Junta.
El presidente de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), Salvador de Prado, explicó que durante todos estos años, estas aguas residuales se han almacenado en las balsas, fermentando y sin obtener ningún beneficio y, por otro lado, "los cultivos cordobeses siempre han sufrido la escasez de agua, algo que mediante esta medida se soluciona en el sector olivarero, ya que se trata de un cultivo que necesita muy poca humedad para ser productivo, por lo que si además añadimos los nutrientes que contienen estos efluentes, podemos afirmar que se cierra el ciclo natural del olivo", apuntó.
Zurera explicó que con esta medida de carácter sostenible se soluciona uno de los grandes problemas del sector oleícola; de hecho, el vicepresidente de Asociación Cordobesa de Almazaras (Acora), Antonio Briceño, señaló que debido a las últimas precipitaciones, el nivel de las balsas donde se almacenaban estos subproductos ascendió alrededor de 1,5 metros, aunque "esta reutilización de estos residuos es una petición por la que llevamos mucho tiempo peleando", señaló. Briceño también informó de que esta normativa "llega en el mejor momento, ya que la mayoría de los agricultores no tienen planteado realizar inversiones a la hora de fertilizar los suelos, por lo que la utilización de estas aguas residuales se convierten en una buena alternativa".
Zurera hizo especial hincapié en que para que se pueda desarrollar tanto el tratamiento como la fertilización de los terrenos, la Consejería de Agricultura controlará cada uno de los procesos "de una manera intensa, ya que no se puede tratar estos subproductos al libre albedrío".
En cuanto a las limitaciones para la utilización de estas aguas, se establece un máximo del volumen que se puede aplicar, que en ningún caso superará los 50 metros cúbicos por hectárea y año, una media de cinco milímetros por metro cuadrado, según explicó el presidente de Faeca. El texto establece como áreas de exclusión para la utilización de estos subproductos como fertilizantes las situadas a menos de 500 metros con respecto a núcleos urbanos y a 100 metros respecto al dominio público hidráulico.
La normativa también alude a la composición y estructura de los suelos, ya que para evitar crear escorrentías superficiales se excluirán las zonas saturadas, inundables o heladas. Además, se prohibe la introducción de estos fertilizantes reciclados en suelos salinos o arenosos en parcelas con pendientes superiores al 15% en cultivos leñosos y 10% en cultivos herbáceos, porcentajes que pueden verse aumentados hasta el 35% en cultivos leñosos siempre que exista una cubierta vegetal con una anchura mínima de un metro. En el caso de aplicaciones por riego localizado, no se tendrán en cuenta esos porcentajes. Las almazaras y los centros de compra que estén interesadas en la utilización de los efluentes deberán presentar a la Consejería de agricultura una solicitud de autorización y un plan de gestión que deberá contener información técnica y analítica sobre los efluentes, los suelos receptores y los métodos y calendarios.
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