El futuro de los remanentes de tesorería generados en el Ayuntamiento de Lucena se subordina a los intereses estrictamente locales. Es la premisa incondicional remarcada por el alcalde, Juan Pérez (PSOE), quien ha obviado cualquier apreciación política al pronunciarse sobre la pretensión del Gobierno de asumir estos fondos líquidos y devolverlos en 12 años.

El montante vinculado a este indicador, en el Consistorio lucentino, ronda los 570.000 euros. Hace unos meses, la cantidad global suponía un millón de euros. La eclosión de la emergencia sanitaria implicó la transferencia de un 20% de la anterior cifra a políticas y acciones ligadas a reparar los negativos efectos del covid-19 y, además, otro porcentaje queda supeditado a satisfacer créditos e, incluso, a la adquisición de un vehículo eléctrico, gasto que, como máximo, acapararía el 7%.

Las conclusiones económicas y jurídicas de distintos informes técnicos sustentarán una decisión que, enfatiza el regidor socialista, discriminará “la situación más favorable” para la localidad.

Apartándose de acuerdos globales, Pérez ha precisado que la coyuntura financiera y las necesidades esenciales de “cada municipio” han de basar una determinación “que no se puede extrapolar” de unas poblaciones a otras. Por todo ello, alberga actualmente “muchas dudas” ante la proposición originada en el Ministerio de Hacienda.

La decisión se "comunicará" a los grupos políticos

Previamente a la alternativa formulada por el Gobierno, y respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento pretendía emplear los casi 600.000 disponibles a la ejecución de dos inversiones financieramente sostenibles: la sustitución del césped artificial en el segundo campo de la Ciudad Deportiva y la instalación de un cruce semafórico en el Polígono Industrial de La Viñuela.  

“Si ahora no se puede” abordar estas actuaciones, indica Pérez, “hay que valorar si nos interesa financiar deuda o transferir el dinero al Estado”. Asimismo, ha recordado que la normativa vigente impedía acudir a la vía de las inversiones financieramente sostenibles si se incurría en déficit, “otro dato a tener en cuenta”, puntualiza.

Abundando en otras incógnitas, ha aludido al 35% del total cuyo reintegro afecta a los ejercicios 2021 y 2021 –un 40% y un 60%, respectivamente-. Por el momento, admite carecer de razones sólidas para discernir si conlleva un ingreso adicional de 180.000 euros para las arcas municipales o engrosa el conjunto de créditos derivados a la administración nacional.

Con todo ello, Juan Pérez, analizará “sosegada y tranquilamente”, cuál es “la mejor solución para Lucena” y, en base a esta idea clave, elegirá la opción más propicia y “lo comunicaremos a los portavoces de los grupos municipales”.