El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Pozoblanco ha informado este miércoles, a través de su portavoz, Rafael Villarreal, de que ha puesto “en conocimiento de la Fiscalía de Córdoba toda la documentación" que obra en su poder “sobre el pago de nóminas al joven que no acudió a su puesto de trabajo como integrador social”, en el caso que hace referencia al hijo de la secretaria del alcalde. Esta acción viene motivada por “la gravedad de los hechos que creemos que son constitutivos de delito, además de por responsabilidad política y por respeto a la ciudadanía de Pozoblanco”, ha argumentado Villarreal.

El portavoz socialista ha reconocido así haber recogido el guante lanzado por el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, en el pleno del pasado martes, cuando le invitaba a ir a la justicia si consideraba que había delito. “No vamos en contra de nadie personalmente, pero consideramos que los hechos son de gravedad y debe ser la justicia la que dictamine al respecto”, ha referido Villarreal, quien también ha recordado que el ex concejal de Personal, Gerardo Arévalo, dijo en el pleno de febrero que “tendrá que ser un juez de lo penal el que tenga que venir a poner orden aquí”.

Respecto a la comisión de investigación que se está llevando a cabo para esclarecer lo sucedido con este caso, el portavoz socialista ha admitido que seguirá sus cauces, aduciendo que no encuentran lógico que el presidente de la misma sea el alcalde, pues “por respeto, moralidad y transparencia, no puede ser juez y parte”.

Villarreal ha aclarado que la comisión es solo un organismo político al tener una composición similar a la representación política del pleno municipal, por lo que “pueden salir tres dictámenes diferentes, uno de cada grupo político, con su correspondiente argumentación, pero solo prosperará el del equipo de gobierno”. Dicho dictamen no tendrá carácter vinculante, según explicó el secretario del Ayuntamiento, y en dicha comisión tampoco existe la posibilidad de llamar a declarar a ninguno de los afectados, y en caso de que fueran llamados no tienen obligatoriedad de asistir ni tampoco de decir la verdad.

Esta es la razón última que ha llevado al PSOE a acudir a la Fiscalía de Córdoba, quien podrá solicitar la documentación necesaria relativa a esclarecer lo ocurrido, llamar a declarar a quien estime oportuno y determinar si existe o no constitución de algún delito.