El profesorado del instituto Colonial de Fuente Palmera ha exigido que "la autoridad competente nos proporcione respaldo legal necesario para los docentes que participen en actividades extraescolares, respaldo con el que no contamos y que nos hace sentirnos desprotegidos ante cualquier adversidad que pudiera tener lugar". Es la demanda que ha hecho este colectivo tras aprobar por unanimidad la cancelación de la realización de este tipo de actividades en el claustro celebrado en el centro educativo.

La decisión llega después de que el Juzgado de los Penal número 4 de Córdoba condenase por un delito de homicidio por imprudencia profesional menos grave a los dos profesores procesados por la muerte de un alumnos del instituto de Fuente Palmera en los Baños de Popea durante una excursión. La magistrada impuso a cada docente una multa de 3.600 euros, así como el abono de una indemnización de 120.000 euros a la familia del menor fallecido.

El 16 de octubre de 2017, el consejo escolar del instituto de la Colonia aprobó la programación anual de actividades extraescolares prevista para es curso, entre las que se incluía una excursión con espeleología a Los Villares y los Baños de Popea para los alumnos de segundo de Educación Secundaria a realizar en el mes de mayo, que cuando se sucedieron los hechos y en el que falleció un menor.

A través de un comunicado, el colectivo docente ha recordado que están "firmemente convencidos de que las actividades extraescolares son un parte importante" de su labor y que las salidas del centro "suponen no solo un enriquecimiento del currículo de nuestro alumnado, sino también una oportunidad para mejorar las relaciones entre el alumnado y entre este y el profesorado". Además, continua el citado texto, "este tipo de actividades permiten al alumnado a compartir experiencias que en otro contexto no siempre tienen oportunidad de realizar".

El profesorado ha destacado que organizar este tipo de actuaciones requiere un gran cantidad de tiempo en su programación y planificación y ha anotado también que siempre tienen que contar con la aprobación del consejo escolar, además de con las pertinentes autorizaciones de los tutores legales del alumnado. 

Sin embargo, han recordado también, que "como cualquier actividad que se pueda realizar en el contexto familiar o personal, no están exentas de riesgos. Es en este punto, en el que los docentes hacen referencia al "desgraciado incidente en mayo de 2018" y también recuerdan que son conscientes de "la pesadilla en la que se han visto sumido nuestros compañeros, que no solo se han visto afectados por la pérdida, sino que se han visto involucrados en un doloroso proceso judicial". 

La condena provocó que diferentes organizaciones, entre ellas Marea Verde y el área de educación de diversos sindicatos, se concentraran para mostrar su apoyo a los docentes. 

Como resultado del proceso judicial, han expuesto, "no han contado con respaldo jurídico que les ampare en el desarrollo de su actividad docente".