Si el pasado miércoles el foco mediático local se centró en la presunta agresión sufrida por el edil de Obras y antiguo responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Cabra, el popular Juan Ramón Pérez, quien tras una rueda de prensa explicó con detalle el supuesto ataque por parte de un hijo de los propietarios de la antigua nave Galisteo -lo que colocaba el proceso expropiatorio de este inmueble como principal motivo-, en el día de ayer el interés cambió de bando a causa del comunicado emitido por la familia Pavón Jurado y el propio señalado por el responsable municipal como su agresor, David Pavón.

Un escrito en el que rechazan las acusaciones vertidas tanto por Pérez como por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, y aseguran que el relato de los hechos "no se corresponde con la realidad". Por ello, la familia exigió públicamente al regidor que "dé orden inmediata a la Policía Local para que se conserven las grabaciones de las cámaras de seguridad" ubicadas en las fachadas trasera y laterales del Ayuntamiento "entre las 08:45 y las 09:30" del miércoles, que cubren toda la zona entre la plaza de España y pasaje de la calle Redondo Márquez donde, según el edil se produjeron los hechos.

El denunciado relata que el concejal también habría utilizado la "fuerza física"

En este documento gráfico, "deberían aparecer tanto la agresión denunciada" como ambas personas y advirtieron que de este modo "será perfectamente constatable si existió tal agresión y cómo pudo producirse", alegó la familia Pavón, que puso en tela de juicio la versión de Pérez Valenzuela.

El comunicado "desafía" al alcalde a que, una vez se consigan las imágenes, "tenga el valor de publicarlas en la web del Ayuntamiento de Cabra" y en aquellos foros y redes sociales "donde con temerario desprecio a la verdad ha hecho públicas sus incriminaciones" con objeto de "demostrar si su versión se ajusta a la realidad". De no ser así, por voluntad propia o en caso de que dichas imágenes se perdiesen "por falta de diligencia en su conservación", la familia Pavón Jurado entiende que "podría sospecharse que el Ayuntamiento quiere renunciar al esclarecimiento de los hechos" o "se habrían destruido pruebas que revelarían la verdad de lo sucedido".

En virtud a la versión del supuesto agresor, de quien la familia emitió un parte de lesiones emitido por el Hospital Infanta Margarita de Cabra y en el que se diagnostican dolencias como una contractura cervical, contusión en el hombro izquierdo y erosiones en las muñecas a causa de una "agresión física" -según se refleja en el informe médico-, la familia anunció la interposición de una denuncia contra Pérez Valenzuela por un presunto delito de detención ilegal o, "en todo caso, de coacciones". Según esta versión, el responsable municipal no posee "autoridad para retener por la calle a un ciudadano impidiéndole transitar libremente por la vía pública, ni para reducirle físicamente e impedirle la entrada en su domicilio, utilizando para ello la fuerza física"; dicha atribución, según el escrito, sólo se otorga a las fuerzas del orden público. Ante el informe médico tampoco descartan ampliar la denuncia por un posible delito de lesiones.

Por último, los familiares de la persona señalada por el edil como su presunto agresor requirieron a Priego, a quien definieron como "precipitado voceador", que "pida disculpas" por las declaraciones realizadas el pasado miércoles. El primer edil relacionó directamente este "penoso asunto" con el proceso de expropiación de la nave propiedad de la familia Pavón Jurado para la construcción de la futura ronda A-10, algo que, en su opinión, "no tiene nada que ver". Este asunto ha sido "debidamente ventilado en los tribunales" y se encuentra pendiente aún de sentencia en lo referente al justiprecio del inmueble.

El Cuerpo Nacional de Policía insistió ayer en que los agentes han presentado las diligencias ante el juzgado sin que se hayan producido detenciones.