El PFEA da viabilidad a 180 proyectos en los municipios de Córdoba con una inversión de 31 millones de euros

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha presidido este miércoles la tercera reunión de la comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2025, a la que han asistido la directora provincial de Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Alicia Vílchez; la delegada territorial de Justicia, Administración local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Raquel López, la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, así como representantes de la Diputación Provincial, CECO, Asaja, UGT y CCOO.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno, se ha dado viabilidad a un total de 180 proyectos que suponen una inversión de 31.320.592,65 euros, de los que el Gobierno de España, a través del SEPE, subvencionará 19.226.987,76 euros. Esta cantidad permitirá la contratación de 11.118 trabajadores, especialmente procedentes del sector agrario, lo que supondrán 183.990 jornales.

La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, ha hecho hincapié en que este tipo de programas reflejan uno de los grandes compromisos del Gobierno de España, como es “anclar la población al territorio y mejorar la calidad de vida en el municipio”. López Losilla ha subrayado que uno de los objetivos prioritarios “es dar la mayor agilidad a la viabilidad de los proyectos para que los ayuntamientos tengan el dinero cuanto antes y puedan realizar la inversión necesaria para poder empezar a trabajar”.

Además, la subdelegada del Gobierno ha incidido en el papel que estos proyectos tienen para la mujer en el mundo rural, pues “más de la mitad de los contratados son mujeres y, muchas veces, son el primer contacto de la mujer con el mundo laboral”. Un hecho que “ayuda a todas a tener independencia financiera y libertad económica”, ha señalado.

Proyectos afectados

De los 180 expedientes presentados, 124 corresponden a proyectos de obras para garantía de rentas y 56 para obras y servicios generadores de empleo estable. Son proyecto enfocados en la mejora de las infraestructuras municipales, como, por ejemplo, mejorar la pavimentación de las aceras; realizar cerramientos de zonas deportivas y mejoras en polideportivos municipales; para mejorar su accesibilidad de los viales públicos; actuaciones sobre jardines; rehabilitación de redes de abastecimiento de agua; realización de obras en residencia de mayores; actuaciones sobre caminos rurales y zonas verdes y la adaptación de viales.

A la hora de valorar los proyectos presentados se han tenido en cuenta criterios como el fomento de la igualdad, el impulso a las competencias digitales, la apuesta por empleos verdes, aquellos que acrediten una mayor inserción laboral, los que fomenten la accesibilidad universal o que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para incorporar mejoras en la realización del programa.

Contra los desequilibrios económicos

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural (PER), tiene su antecedente en el Plan de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas.

El PFEA es un programa de empleo financiado por el Estado que subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Sobre el aporte Estatal para mano de obra se calcula un 40% cuya finalidad es afrontar el coste de los materiales de las inversiones a realizar. El coste de dichos materiales es subvencionado por parte de la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, en una relación 75 y 25%, respectivamente.

El PER fue polémico desde su creación: sus defensores argumentan que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a evitar un éxodo de población de este a las ciudades; sus detractores argumentan que evita un verdadero desarrollo de los pueblos y que lleva aparejado diversos tipos de fraude (trabajadores que declaran peonadas falsas para alcanzar el subsidio, o que continúan trabajando ilegalmente mientras lo reciben).