Desde el año 2015 colea el denominado Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Guadalmellato y Guadiato Bembézar. Y es que aquella aprobación por parte de la Junta de Andalucía –que afectaba a otros territorios de la comunidad– acabó en los tribunales. Ahora, ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la que ha venido a confirmar una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, “en el sentido de considerar el carácter normativo de los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)”, según ha precisado la Junta.

Ello significa que ya no hay obstáculos legales para la puesta en marcha de estos programas de conservación, que en el caso de la provincia de Córdoba afectan a más de 114.000 hectáreas en el ámbito de Sierra Morena y que se extienden por 17 términos municipales, según han detallado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El programa para la ZEC del Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, Guadalmellato y Guadiato Bembézar cuenta con 25 objetivos operativos, que a su vez se concretan en 60 medidas de actuación en todo el territorio señalado. En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, estos espacios de la provincia de Córdoba se incluyeron en la lista de Lugares de Interés Comunitario de la región biogeográfica mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declararon por un decreto de aprobado en 2015.

El desarrollo del proyecto afecta a más de 114.000 hectáreas

Según la Junta, “en la actualidad, estos espacios no presentan ninguna otra figura de protección a escala regional, estatal, comunitaria o internacional. No obstante, dentro de los límites de la zona del Guadiato-Bembézar se localizan el Parque Periurbano La Sierrezuela y parte del Parque Periurbano Los Villares; y en la zona del Guadalmellato se encuentra el Parque Periurbano Fuente Agria”. El régimen de propiedad es privado en la mayor parte de los terrenos que integran las tres zonas, con la excepción de los terrenos correspondientes al dominio público hidráulico, al dominio público viario y ferroviario y a los montes de titularidad pública, que representan algo más del 17% de la superficie (32.739 hectáreas).

En cuanto a las medidas que se proponen por parte de la Consejería, a las que ha tenido acceso el Día, se dividen en distintos bloques, de manera que se incluye un inventario de infraestructuras que afecten negativamente a los movimientos de la fauna y actuaciones de deslinde y adecuación de vías pecuarias “con funcionalidad conectiva”, así como la elaboración de un manual de buenas prácticas agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas para la conservación de la biodiversidad. También contempla una seguimiento de los caudales ecológicos en las tres zonas y la recuperación de quirópteros amenazados.

Reintroducción del lince ibérico

En cuanto a la situación del lince ibérico, el plan de conservación apunta que no solo se apoyarán las acciones de reintroducción que ya puso en marcha la Junta, sino que plantea un estudio para determinar si existen nuevas zonas en el ámbito de actuación en los que se pueda reintroducir este felino. En este punto, el documento habla de la identificación de los puntos negros de mortalidad de esta especie por atropello en vías de comunicación, que es uno de los problemas con los que se está encontrando el programa.

Tampoco olvida otro de los hándicap de la zona, como es el uso de artes ilegales de captura de animales y el uso de venenos, para los que propone medidas de divulgación. Entre los asuntos que más debate ha generado la zona en los últimos años se encuentra la reintroducción del lobo, por lo que se plasma en el plan el objetivo de “aplicar medidas enfocadas a la prevención de los daños de la especie al ganado recogidas en el Programa de Conservación del Lobo”, señala.

En cuanto a la flora, el documento cita la necesidad de la aplicación en las tres zonas de especial conservación del Plan Director de las Dehesas de Andalucía, que actualmente se encuentra en fase de redacción. Así, para promover una gestión sostenible, se plantea un inventario de las zonas de dehesas “con potencialidad de ser ocupadas por especies amenazadas” y acciones de difusión de información y lucha contra la seca.