Infraestructuras

El alza de los materiales deja obras sin adjudicar en Córdoba por valor de tres millones de euros

  • En la provincia hay siete proyectos afectados, entre ellos el palacio Ducal de Fernán Núñez y la reforma de la Gerencia de Urbanismo de la capital

  • Andalucía suma 100 licitaciones desiertas

Exterior del Palacio Ducal de Fernán Núñez.

Exterior del Palacio Ducal de Fernán Núñez. / E. D. C.

El alza de los precios de los materiales de la construcción ha conducido a que hayan quedado sin adjudicar, es decir, desiertas, más de 100 obras por un valor de 93,8 millones de euros en Andalucía entre el 1 de enero de 2021 y junio de 2022, según un informe de la patronal Fadeco Contratistas. Son licitaciones desiertas que, según el secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández-Portillo, “no entran en las cuentas de las empresas –muchas de ellas pymes– y tampoco permiten ejecutar mejoras en las infraestructuras de Andalucía”.

De esas casi 100 obras que han quedados desiertas, siete están en Córdoba, por lo que las actuaciones que han quedado paralizadas –aunque algunas han vuelto a licitarse de nuevo– y suman algo más de tres millones de euros en la provincia. La más significativa es la del Palacio Ducal de Fernán Núñez, una aspiración histórica del Ayuntamiento de esta localidad de la Campiña Sur. Así, según el informe de Fadeco, esta licitación quedó desierta a mediados de mayo y su coste inicial era de 1,35 millones de euros. No obstante, el Consistorio ha vuelto a licitarla.

La segunda gran obra desierta en Córdoba es la mejora del Pabellón Sur de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que se licitó por algo más de un millón de euros y que también se ha quedado sin adjudicar. En este caso, la Gerencia pretendía la mejora de la envolvente térmica y de las instalaciones existentes, para la obtención de la eficiencia energética del edificio de uso administrativo, además de “la adecuación funcional de los distintos servicios, oficinas y demás dependencias para la optimización del servicio público que presta esta Administración a la ciudadanía, y en especial la atención al público”.

Otra obra desierta es la reparación de la calle Ventanas de Doña Aldonza de Santaella, unos trabajos que dependen de la Diputación de Córdoba y que también se han quedado sin empresa constructora. La actuación se sacó a concurso por 330.000 euros y ahora la institución provincial ha vuelto a licitarla por 466.000 euros.

El listado en la provincia de Córdoba continúa con un plan de eficiencia energética del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que se licitó por 193.000 euros y que, según el informe, ha quedado desierta. El mismo camino ha seguido la adecuación del CADE de Palma del Río, que promueve Andalucía Emprende y para la que se había presupuesto un montante de unos 64.000 euros.

En Lucena, la empresa pública Veiasa no ha podido adjudicar tampoco los trabajos para una línea de ITV destinada a ciclomotores y motocicletas, para lo que se presupuestaron 76.599 euros. La última obra pública en el aire es el refuerzo del camino de Navalcábaro en Villanueva de Córdoba, para el que el Ayuntamiento jarote consignó en la licitación unos 49.000 euros.

Ello se produce porque a las empresas no les salen los números. Y eso, a su vez, tiene mucho que ver con la forma en la que se han revisado los precios. Los constructores critican el decreto del Gobierno del pasado 1 de marzo, no solo porque llegó tarde, si no porque solo contempla cuatro materiales –betún, aluminio, cobre y hierro– y no incluye las obras ya certificadas antes de la publicación del decreto, cuando la subida de precios ya era muy perceptible en la segunda mitad de 2021.

La Junta de Andalucía intentó corregir este decreto nacional con otra norma –publicada el 12 de abril– en la que todos los materiales eran objeto de revisión y sí acogía las obras certificadas en 2021. Los servicios jurídicos de la propia administración autonómica ya expresaron sus dudas por un posible conflicto de competencias con el decreto estatal y hace solo unos días el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una comisión bilateral para corregir el decreto andaluz. Si no hay acuerdo, es posible que haya recurso ante el Constitucional.

Este escenario está dejando a las empresas “en una situación límite”, según el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, ya que, según la patronal, la actitud del Gobierno crea inseguridad jurídica. Con el decreto de la Junta vigente, las empresas no se atreven a acudir a licitaciones sin saber cuáles serán los precios finales y también hay gran incertidumbre con las obras en ejecución.

Además, ayuntamientos y diputaciones que se habían adherido a la norma andaluza se están retrayendo en las licitaciones por culpa de este conflicto. “Y esto pasa justo en el momento en que estaban empezando a animarse porque deben ejecutar fondos europeos antes de 2023 o 2024 y se les acababa el tiempo”, afirma Fernández-Portillo.

Los constructores piden no esperar a septiembre –afirman que el Ministerio de Transportes ha convocado para esa fecha la comisión– y actuar ya. Así resume la situación Juan Aguilera, presidente de la patronal Gaesco: “Se están paralizando multitud de obras, no hay empresas que acuden a las licitaciones. La actitud del Gobierno está lastrando el desarrollo de Andalucía y llevando a la ruina a muchas empresas, no solo de construcción sino también auxiliares. El escenario para los próximos meses será peor que el que ahora tenemos, y se requiere una actuación rápida y urgente. Mañana mismo se tienen que poner a trabajar en la conformación de una norma adecuada”.

La provincia con más volumen de contratos de obra pública desiertos en el primer semestre del año es Málaga (31,2 millones), seguida de Cádiz (29,1), Sevilla (15,1) y Almería (12,2). Luego están Córdoba (con tres millones de euros), Huelva (1,5), Granada (922.000 euros) y Jaén (379.000 euros), según consta en el estudio de Fadeco.

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