Valga el símil facilón, pero vuelve a arder el Consorcio de Bomberos. La imputación de al menos 15 personas -entre ellas la vicepresidenta del ente y número dos del PSOE cordobés, Dolores Amo, y el gerente, Juan Carandell-, por el presunto amaño de las últimas oposiciones, vuelve a sembrar dudas sobre el funcionamiento de un organismo que no hace tanto tiempo era escrutado por la Justicia. Aquel episodio, que finalmente quedó extinguido sin que se pudiera establecer responsabilidad penal alguna, dejó sin embargo en evidencia una manera de gestionar que cuanto menos generaba dudas, con una abultada deuda que a la postre ha supuesto un lastre para la actualización de los parques o la renovación del material, como los funcionarios han denunciado durante todo este tiempo una y otra vez.

Y, cuando parecía que la situación se había enmendado, las sombras de irregularidades vuelven a ennegrecer el Consorcio. A mediados de la pasada semana, se hacía público un auto de imputación firmado por el magistrado José Luis Rodríguez Lainz -el mismo que instruyó la causa contra el asesino José Bretón- en el que relataba con todo lujo de detalle el presunto amaño de las últimas oposiciones a bombero. El escrito, demoledor, aprecia la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. La sospecha es que la cúpula del Consorcio y un grupo de interinos se habría supuestamente confabulado, con la ayuda de UGT, para obtener plazas en las oposiciones a cambio de la ansiada paz social en la entidad, la que, sin duda, más quebraderos de cabeza ha provocado en los últimos años en la Diputación.

El magistrado dictó el auto de imputación sin escuchar a ninguno de los investigados

Rodríguez Lainz relata cómo se habría preparado un temario "en connivencia" con el colectivo de interinos con la introducción de temas "muy específicos" que fueron objeto de publicación en las bases "con muy breve espacio de tiempo para que opositores que no manejaran esa información pudieran preparárselos con un mínimo de solvencia". "Controlado el diseño del temario y las posibles preguntas que pudieran formar parte del ejercicio teórico", el auto de imputación relata que se habría ofrecido a los interinos la posibilidad de asistir a clases en un centro cívico de La Carlota. Fueron jornadas de cuatro horas en las que se exponían los temas y en las que el último cuarto de hora era destinado a la realización de ejercicios con preguntas que podían tener entrada en el examen, con "especiales precauciones" para evitar cualquier tipo de copiado o grabación de los documentos que se manejaban. Con estas ayudas, prueba a prueba, el juez expone que la mayoría de interinos logró a probar las oposiciones.

La denuncia, interpuesta por varios trabajadores que no consiguieron consolidar plaza, fue interpuesta en el Juzgado de Guardia el pasado mes de diciembre y, por turno, ha recaído en Instrucción 4. En este caso, el magistrado optó por dejar la investigación en manos de la Policía Judicial, que durante varios meses ha interrogado a una veintena de personas sobre los hechos con el caso bajo secreto de sumario. Cuando en la Diputación empezaba a ser vox populi que algo había ocurrido con las oposiciones, Rodríguez Lainz decidió dictar el ya citado auto de imputación, sin llegar a escuchar a los responsables políticos y técnicos del Consorcio. El caso se encuentra, por tanto, en una fase embrionaria, en la que la presunción de inocencia debe prevalecer, pues como ejemplo está el anterior escándalo en el mismo organismo, que el tiempo dejó reducido a la nada desde el punto de vista de la responsabilidad penal.

También por la existencia de estos precedentes la transparencia debía haber sido extrema en esta nueva etapa, pero el mismo nombramiento de Carandell como gerente ya creó una controversia, subida de sueldo incluida, que no fue suficientemente bien explicada desde el punto de vista político. El presidente de la Diputación y secretario provincial del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, expresó esta semana su "confianza absoluta" en la vicepresidenta, mientras que UGT ha desmentido las acusaciones vertidas en el auto de imputación. Ya sólo queda que actúe la Justicia. Y que lo haga con celeridad para evitar que la madeja siga enredándose.