Subbética

El Ayuntamiento de Lucena investigará el vertido ilegal de escombros denunciado por la patronal Agreca

  • El Consistorio lucentino apunta que no había recibido escrito de denuncia sobre estos hechos, aunque asegura que ya está en manos de la Concejalía de Medio Ambiente y de la Policía Local

Vertido de escombros denunciado por Agreca.

Vertido de escombros denunciado por Agreca. / @AndaluciaRCDs

El Ayuntamiento de Lucena ha anunciado que investigará si existe en el municipio un vertedero ilegal de escombros, procedentes de la demolición de dos edificios en la localidad que, en cualquier caso, según ha aclarado el Consistorio, no son de propiedad municipal, ni tampoco el solar donde supuestamente se ha realizado el vertido.

El Ayuntamiento ha reaccionado así después de que la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) haya informado de que ha denunciado ante la Delegación en Córdoba de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena, "el vertido y depósito de forma irregular" en dicho municipio "de residuos resultantes de obras".

Ante ello, desde el Consistorio lucentino se ha asegurado que, "hasta hoy 2 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Lucena no ha recibido escrito de denuncia sobre un supuesto punto de vertido irregular sin control por parte de Agreca, ni de ninguna otra entidad".

Sin embargo, "a raíz de esta información, la Concejalía de Medio Ambiente y la Policía Local inician una investigación para conocer si, de verdad, existe en la zona indicada", en concreto en una parcela de la calle Puente Vadillo, "algún punto de vertido irregular sin control. En caso de ser así, el Ayuntamiento pondrá en marcha el protocolo jurídico propio de estos casos". 

La denuncia de Agreca

Agreca ha denunciado "el vertido y depósito de forma irregular" en dicho municipio "de residuos resultantes de obras", que proceden del "derribo en dos edificios de Lucena, sin tratamiento ni control adecuados, constituyendo los hechos un presunto delito ambiental".

Según las averiguaciones llevadas a cabo por Agreca, "los escombros se están vertiendo ilegalmente en una parcela situada situada en la calle Puente Vadillo", que es donde "la empresa encargada de las obras de demolición de los dos edificios está depositando los residuos de construcción y demolición (RCD), sin que éstos sean gestionados de forma adecuada previamente, existiendo incluso residuos peligrosos, pues en una de las obras se está retirando una cubierta de fibrocemento".

Ello además, según ha señalado Agreca, se hace "sin llevar a cabo las medidas correctas para su gestión, establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo" y, por ello, la referida patronal ha presentado también "la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, al producirse, presuntamente, deficiencias en las medidas de gestión en relación a la seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto".

Como consecuencia y a juicio de Agreca, "el vertido ilegal de RCD podría incurrir en varios delitos, entre ellos el ambiental", y para la organización empresarial, y así lo hace constar en las denuncias presentadas, "la empresa encargada de los trabajos de demolición podría estar incurriendo en varios delitos, entre ellos la obligatoriedad de depositar los RCD en un gestor autorizado para su reciclaje, así como también en un posible delito ambiental".

De hecho, en opinión de Agreca, "el depósito de los residuos efectuado de forma ilegal se está realizando sin ningún tipo de tratamiento, gestión ni control de los mismos, lo que podría provocar un fuerte impacto ambiental, causando daños como la contaminación de los suelos y en la flora y fauna del entorno. Dicha actividad podría atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales, vulnerando la normativa actual sobre producción y gestión de residuos de construcción y demolición, y constituyendo un delito contra la protección ambiental".

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