La incertidumbre económica mundial causada, sobre todo, por la invasión militar de Putin en Ucrania también compromete la continuidad de la obra de la sede judicial de Lucena. El aumento del precio de los suministros ha alertado a la Junta de Andalucía, promotora de esta intervención, y ya adelanta potenciales soluciones, como la revisión de las partidas iniciales, ante un eventual desajuste inasumible del presupuesto.

En la última sesión plenaria, al responder a una pregunta formulada por Ciudadanos, el concejal de Obras y Urbanismo, César del Espino (PSOE), negó contratiempos graves por la subida del importe de las provisiones en actuaciones de origen municipal. En cambio, sí desveló que el Ejecutivo andaluz ya había “puesto sobre aviso” al Ayuntamiento acerca del futuro de la intervención que se ejecuta en la parcela de la Huerta del Carmen, puesto que “no sería raro” una paralización que “hasta ahora no ha ocurrido”.

El edil socialista advertía de que “lo más pernicioso para los ciudadanos o para una ciudad” radica en la interrupción de un proyecto de este calado, cifrado en 5,1 millones, ya que se intensifica el temor a que “el constructor no pueda continuar, decida resolver el contrato y habría que hacer un desglosado y, posiblemente, tenga que volver a licitarse, con otra licitación”. En este sentido, Del Espino también preveía que “lo más grave y complicado que supone una subida” afecta a plantear “de dónde sacamos ese dinero”.

En este punto de ruegos y preguntas de la sesión plenaria, César del Espino hacía alusión a una reunión anterior, impulsada por la Junta, con el objetivo de articular fórmulas, sí el contexto lo requiriese, “para ayudar a ver cómo podemos ayudar a que siga adelante” si esta obra, que, en estos momentos, continúa su curso normal, llegara a suspenderse.

En efecto, hace más de un mes, el director general de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital, Miguel Ángel Reyes, se desplazaba Lucena para entrevistarse con el propio César del Espino y el alcalde, Juan Pérez. Fuentes de la consejería de Justicia explican que el objetivo de esta cita, fundamentalmente, estribaba en reforzar y modelar la colaboración entre administraciones y solicitar ayuda ante un posible escenario de inviabilidad económica, originado en el encarecimiento de los materiales, por parte de la adjudicataria, la empresa Vialterra.

La Junta ya ha encargado al arquitecto redactor del proyecto un análisis sobre los gastos susceptibles de contracciones, para compensar el crecimiento de otros, y las fases temporales que mayor riesgo comportan. El plazo contractual de ejecución es de 18 meses.

Por ejemplo, la administración autonómica explora una rebaja en las tasas municipales, como una de las opciones factible en el propósito medular de asegurar un porvenir sin alteraciones de esta obra iniciada en diciembre del 2021.

Las mismas fuentes puntualizan que, en estos momentos, la obra continúa sin incidencias y no ha devenido en una “situación extrema”. La Junta también vislumbra la elevación de los pagos comprometidos a la concesionaria porque las circunstancias son sobrevenidas.