"Ahora tienes que realizar el doble de trabajo que hace unos años para ganarte el jornal". Quien así habla es Francisco, de 46 años y padre de cuatro hijos, un jornalero de la Vega del Guadalquivir que en 2008, tras 15 años como oficial de primera en el sector de la construcción, se vio en el paro sin más salida que recurrir al campo. El suyo no es un caso aislado: así lo han vivido cientos de personas que, tras el estallido de la burbuja del ladrillo, optaron por refugiarse en el sector primario. Este exceso de mano de obra ha derivado a la larga en incumplimientos de convenio, excesos de jornada, engaños a la Seguridad Social y un sinfín de irregularidades que han llevado a la Fiscalía Provincial de Córdoba a abrir hace unos días diligencias de información penales tras las denuncias presentadas por el sindicato CTA. El Día ha conversado con trabajadores del sector.

"Estamos vendidos", advierte Manuel. "Al final aceptas condiciones de explotación porque tienes que pagar la hipoteca, las facturas, el colegio... Y aquí hay mucha necesidad", dice. El año pasado, durante la campaña de la cebolla, vivió en primera persona uno de los casos por los que el Ministerio Público ha abierto diligencias. "Echamos un jornal completo y, al terminar, nos pagaron 20 euros por persona, menos de la mitad de lo recogido en convenio", recuerda. "El propietario dijo que pagaba diez euros por paló, ni desplazamientos ni nada. Es una explotación", denuncia.

Según el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, cada jornalero ha de ingresar 46,80 euros por una jornada de seis horas y 30 minutos. Pero el 99,9% de las empresas incumple las condiciones, asegura. Ante esta situación, sin embargo, pocos se atreven a acudir a la vía judicial: "Hay que iniciar una reclamación de cantidad y el pleito ya vale más que lo que te deben. De eso se benefician estos filibusteros", zanja.

Hace unos años, cada jornalero recolectaba una media de 45 cajas de naranja al día. Ahora la exigencia ronda entre las 70 y las 80, casi el doble, dice Carlos, otro jornalero de Palma del Río de 48 años. "Exigir esa cantidad es abusivo, porque al final te obligan a echar dos horas más de trabajo para llegar al objetivo", se queja. "Es una explotación. Sobre todo, porque en algunas huertas las naranjas son cundideras, pero en otras se complica y no se tiene en cuenta", advierte. "En la imposición del objetivo está el fraude, y no te puedes negar", dice.

En otras fincas, el trabajo se paga según los kilos de naranjas recolectadas. En estos casos, el manijero -el intermediario entre la cuadrilla y el patrón-, se embolsa una parte del pago del kilo, asegura. Y, en otras ocasiones, a la cuadrilla se le impone la carga de un camión, con capacidad para 1.113 cajas de fruta. Lo que antes hacía un equipo de 24 personas, ahora lo ejecuta apenas una quincena. Así que la situación se complica para mujeres y jóvenes: "Buscan a hombres que sean capaces de desempeñar un trabajo fuera de lo normal, a gente fuerte y con experiencia", dice. Otras veces, el empresario intenta atraer a las cuadrillas pagando más de lo establecido. Aunque también aquí hay truco: "Te dan dos ó tres euros pero sin declarar el día de trabajo a la Seguridad Social", desvela el trabajador.

José Luis, de 45 años, con cargas familiares y "toda la vida carpintero", llegó hace una década al campo obligado por la crisis. En la pasada campaña del cítrico, desempeñó la labor de manijero. A su cuadrilla, compuesta únicamente por trabajadores de la comarca, le impusieron la carga de un camión por jornal. "Reclamé que ese trabajo era imposible por el número de personas que éramos, y la respuesta fue que al día siguiente llamarían a una cuadrilla de inmigrantes por menos precio", relata. Y advierte: "Los extranjeros nunca tienen las mismas condiciones, se aprovechan de ellos incluso más. Cuando hay inmigrantes y españoles, las conversaciones se hacen por separado, apenas tenemos contacto unos con otros". El trabajador asegura, incluso, haber visto a familias enteras procedentes del Este de Europa, con niños, en la campaña de la naranja.

La CTA ha presentado innumerables denuncias ante la Inspección de Trabajo, que se siente desbordada por la falta de medios y de personal. "Y cuando llegan, lo suelen hacer tarde", lamenta José Parra, el secretario de la CTA en Palma del Río. De ahí su decisión de acudir ahora a la Fiscalía de Córdoba.

De esta situación se quejan no sólo los jornaleros, sino las empresas que cumplen con la ley. "Todas estas prácticas suponen una competencia desleal que nos pone en peligro", advierte Serafín Lopera, el responsable en Córdoba y Sevilla de la empresa de trabajo temporal (ETT) Interin Aire. Esta delegación emplea a alrededor de 350 personas en la comarca de la Vega cordobesa, y "en todos los casos se sigue el convenio" y se da cuenta a la Seguridad Social de todos los jornales, "frente a las prácticas de otras empresas", distingue. "Al trabajador hay que darle estabilidad y tranquilidad, porque se están cometiendo muchos abusos", lamenta. Tal es la desesperación que en ocasiones, incluso, hay personas que les proponen ir al tajo varios días declarando sólo uno. "Pero nos negamos. Hay que atajar este problema", dice con contundencia.