Apenas 24 después de que Obras Públicas aprobara definitivamente el plan parcial del polígono industrial de Los Fruteros en Fuente Palmera, un nuevo informe, esta vez del interventor municipal, vuelve a mostrar que el proceso de venta de ese suelo que realizó en el año 2003 el entonces alcalde de La Colonia, Antonio Guisado (PSOE), está plagado de presuntas irregularidades. Además, señala que el uso que se hizo del dinero recibido por los compradores a modo de anticipo no es el correcto y que "se incumplen de manera sistemática numerosos principios y reglas contables".

En el inicio del informe se aclara que es el juzgado de Posadas que instruye las diligencias de este caso el que pide este estudio, que "se circunscribe a la naturaleza y destino de los ingresos realizados como pago del 50% del valor de las parcelas del polígono industrial de los Fruteros dentro del procedimiento de enajenación de las mismas por acuerdo del Patronato Municipal para el Desarrollo Industrial y Comercial de la Colonia de Fuente Palmera de 27 de febrero de 2003, así como a su tratamiento contable y presupuestario".

A lo largo de distintos epígrafes, el documento señala, por ejemplo, que el dinero ingresado por el Ayuntamiento no se destinó al fin que legalmente correspondía cuando se vende patrimonio municipal de suelo, como puede ser adquisición de terreno para vivienda de protección o la mejora de la gestión urbanística del municipio, por lo que la mayoría de esos ingresos se desviaron para "el pago de facturas de ejercicios anteriores por la prestación de servicios de muy diversa índole", indica el interventor.

Uno los puntos que llama la atención es que la venta de las parcelas del parque empresarial de Los Fruteros se realizó a través de un patronato municipal a unas 16 personas o entidades de la Colonia, aunque el estudio ahora redactado incide en que este patronato "no sólo no era propietario de las parcelas objeto de la enajenación, sino que ni siquiera lo era el propio Ayuntamiento de Fuente Palmera", toda vez que no se cumplía el acuerdo firmado entre la propiedad de los terrenos y el equipo de gobierno municipal en el convenio para la puesta en carga del polígono industrial. A través de ese convenio se pretendía "obviando toda la normativa relativa a la planificación, tramitación y gestión urbanística, proceder a la constitución de una junta de compensación encargada del desarrollo de un plan parcial" para Los Fruteros.

Así las cosas, y tras examinar toda la documentación existente, el interventor municipal sentencia que "se procedió por tanto a dar apariencia de legalidad por parte del señor alcalde [el socialista Antonio Guisado] y del entonces secretario accidental a una serie de negocios jurídicos, que no sólo eran ilegales desde el punto de vista formal, ya que no se articularon a través de los procedimientos establecidos en la legislación vigente en ese momento, sino que tenían un contenido imposible, ya que mediante los mismos se pretendían enajenar bienes no sólo ajenos, sino inexistentes, no constando documentación alguna que acredite la aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación".

Pero ahí no acaban las presuntas irregularidades del ex regidor, sino que el informe también avisa de que el Consistorio colono compensó en algunos casos las deudas que la entidad municipal tenía con algunos de los compradores mediante el pago de adelantos por las parcelas de Los Fruteros. Por ello, el redactor de este estudio asegura en otro de los párrafos que "cabe afirmar que en ningún caso se debió de proceder a la compensación de los ingresos debidos de aportar por los adjudicatarios de las parcelas, por gastos derivados de facturas correspondientes a trabajos realizados en ejercicios anteriores, ya que era el Pleno, y sólo el Pleno de la Corporación, el órgano competente para el reconocimiento de los mismos". Fuentes municipales señalaron que este informe se tratará en el próximo Pleno de la Colonia.