Una herencia con nombre y apellido

LA herencia que los partidos políticos se dejan en las instituciones públicas es utilizada habitualmente como arma arrojadiza para desprestigiar a los gobiernos salientes. Números rojos, agujeros en los presupuestos, obras megalómanas inacabadas o proyectos sin una base económica real pasan de una corporación a otra para desesperanza de los nuevos gobiernos. Se hablará mucho de la herencia recibida en los próximos meses con motivo de las citas electorales que este año se suceden en el calendario.

En la Junta de Andalucía, donde parece poco probable que el PSOE salga del gobierno a tenor de lo que vaticinan todas las encuestas, pocas quejas podrá hacerse a sí misma y a su partido la ya presidenta, Susana Díaz, pese a los inabarcables casos de corrupción que minan el día a día de la política regional. En un caso insólito, Díaz no podrá presumir de herencia, pero tampoco se podrá quejar.

No ocurrirá lo mismo en los ayuntamientos, donde alcaldes de uno y otro signo político hacen ya balance para ofrecer el fruto de estos últimos cuatro años de trabajo. Hay quien después de todo este tiempo aún se queja de la herencia recibida, y candidatos que se convertirán en alcaldes que al llegar a sus respectivos consistorios lamentarán la herencia recibida. Es sólo un vaticinio. Pero ocurrirá con un 100% de fiabilidad.

En el palacio de la Merced, la herencia que dejó la anterior corporación, y la que posiblemente vaya a dejar la que ahora agota su mandato, se convirtió en el último Pleno en motivo de discusión. Al término de una sesión en la que todos los puntos salieron extrañamente adelante por unanimidad -incluso el diputado de Unión Cordobesa Rafael Gómez votó a favor de proposiciones presentadas por su denostado compañero de partido Carlos Baquerín-, la intervención de este último abrió la caja de Pandora.

Baquerín pretendía sacar adelante una proposición en la que reclamaba la regularización de los nueve trabajadores del Patronato Provincial de Turismo, que llevan más de una década en situación de interinidad después de que gobiernos provinciales sucesivos se hayan traspasado una herencia con nombres y apellidos. Porque de lo que se trata en este caso -vino a decir el diputado- es de resolver un problema que nada tiene que ver con números o cifras, sino que se refiere a nombres concretos.

El PP, que intenta desde hace meses dar cobertura legal a los puestos de trabajo del Patronato con la convocatoria de varios procedimientos de selección de personal, votó en contra. El vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que también tiene atribuidas las competencias del organismo, optó en varios momentos del debate por morderse la lengua para evitar responder a Baquerín, entre otros motivos porque la oferta pública de empleo se encuentra recurrida en el juzgado de lo contencioso.

El escrito del diputado de UCOR, desde luego, iba destinado a provocar revuelo más que a crear consenso. Esto es "política de la peor especie", concluye Baquerín en su proposición, en la que tacha a Fuentes de "imprudente", poco riguroso y desliza que "no parece descabellado pensar que ante una inminente pérdida del gobierno de la Diputación por parte del PP hubiere algún interés en infiltrar a los afines y acólitos en la estructura del Patronato". ¿Acaso no implica esta afirmación tan poco rigor como el que se critica? En otro momento del escrito, llega a comparar la contratación de asesoría jurídica externa realizada por el organismo con los casos "muy recientemente aireados del senador Imbroda, ya imputado, o al del alcalde de Rivas y Tania Sánchez, que también contrataron de forma innecesaria y parece que a capricho a asesores externos".

La plantilla del Patronato Provincial de Turismo, es indudable, ha de ser regularizada en el menor tiempo posible a tenor del creciente peso de este sector en la economía cordobesa. El organismo requiere de los mejores profesionales posibles, de ahí que la selección tenga que hacerse de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución, como determina un informe jurídico de la Diputación. Y, atendiendo a ello, serían más de un centenar las personas afectadas por el proceso selectivo, y no sólo las nueve que ahora mismo constituyen su plantilla. Habrá herencia para meses.