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Tribunales
La Fiscalía de Córdoba ha incoado diligencias de investigación contra el Ayuntamiento de Pozoblanco para esclarecer el proceso de selección y contratación del integrador social que cobró durante más de cinco meses sin presentarse a trabajar.
La denuncia interpuesta por el PSOE de Pozoblanco ante la Fiscalía el pasado mes de marzo ha obtenido respuesta por parte del Ministerio Público que requiere al Ayuntamiento de Pozoblanco un informe de la Secretaría General “acerca de la legalidad del proceso de selección y contratación para el puesto de integrador social, al que han concurrido dos personas, resultando sendos decretos por los que la alcaldía, emite decreto de nombramiento y contratación a ambos, para el mismo puesto de trabajo, con alta a la Seguridad Social y abono de las nóminas, pese a que uno de ellos no ha desempeñado su trabajo en el puesto en el que fue designado”.
En los fundamentos de derecho, la Fiscalía de Córdoba aclara que los hechos denunciados, “de acreditarse, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y un delito de malversación”. En todo caso, corresponde ahora al Ministerio Público continuar las diligencias de investigación que determinarán si se archiva la causa o se abre proceso penal sobre los hechos denunciados, para lo cual el Ministerio Fiscal contará con un plazo de seis meses, salvo prórroga excepcional.
Respecto a este mismo caso, la denuncia interpuesta por el joven contratado que cobró las nóminas y no acudió a su puesto de trabajo, el próximo 8 de julio se celebrará la vista oral contra el Ayuntamiento de Pozoblanco por “vulneración de derechos fundamentales”, al entender el joven que se vulneró su derecho a la ocupación efectiva y el derecho al trabajo.
El joven, que es el hijo de la secretaria personal del alcalde pozoalbense, concurrió a un proceso de selección como integrador social del Consistorio en el que fue seleccionada y contratada otra joven, pero el primero recibió hasta cinco nóminas sin acudir a trabajar.
El caso se hizo público en el mes de enero cuando el concejal de Personal, Gerardo Arévalo, destapó el caso donde el hijo de la secretaria personal del primer edil, Santiago Cabello, había cobrado las nóminas durante más de cinco meses a lo largo del año 2023, sin haber acudido a su puesto de trabajo. En ese tiempo, el trabajo fue realizado por otra persona que también se contrató para el mismo puesto de integrador social, dentro del programa Iniciativa Joven Ahora.
El concejal fue posteriormente cesado de sus funciones municipales y expulsado del equipo de gobierno municipal del PP, pasando a ser concejal independiente en la Corporación Municipal.
Ante la noticia, el Ayuntamiento ha querido manifestar que, “pese a que por ahora carece de información oficial sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, ofrecerá su total disponibilidad para facilitar toda la información que se le pueda solicitar con total transparencia, algo que ya se está haciendo en la comisión de investigación que actualmente sigue abierta con el apoyo de todos los grupos municipales y en la que se ha facilitado toda la información requerida a los partidos de la oposición”. “Se mantendrá como es preceptivo esa misma línea de trabajo con el objetivo de que se pueda clarificar esta situación desde todos los ámbitos competentes”, ha finalizado.
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