Qué pasaría si una mañana rutinaria, entre la bruma de febrero que pide un café, uno se topara con la persiana echada del bar de todos los días. O que el tabernero ese que sirve el mejor vino de la tierra a mediodía decide quedarse en casa. O que el cocinero que prepara esa tapa que anima los estómagos en estas jornadas casi primaverales del invierno cordobés no va a trabajar. Podría hacerse un experimento sociológico con todo esto, analizar las reacciones de quienes tienen el bar como lugar de encuentro, como escenario de tertulia, como sitio de charla informal, sus ojos desencajados, el ceño fruncido si día tras día se encontraran la persiana echada y la terraza recogida.

Algo similar se ha vivido en El Carpio esta semana con la huelga de hostelería que ha mantenido el 100% de los bares y restaurantes cerrados durante las jornadas del miércoles y el jueves para estupefacción de los vecinos. Porque uno puede imaginarse una huelga en la educación, con los estudiantes atrincherados tras las pancartas, o incluso de médicos, con la lectura del manifiesto de rigor a las puertas de un centro de salud y un corrillo de batas blancas; de taxistas, para protestar por la competencia de las nuevas plataformas de transporte, y hasta de jueces y fiscales, que también las ha habido en los últimos tiempos para exigir más medios para la Administración de Justicia. Pero de no hosteleros. Por qué.

En El Carpio han optado por decir “basta ya” ante lo que consideran una “competencia desleal” por parte de las asociaciones y colectivos del municipio, fundamentalmente de varias cofradías de Semana Santa que organizan “todo tipo de actividades gastronómicas la mayoría de fines de semana”. Tras mantener algunas conversaciones con el Ayuntamiento que han resultado infructuosas, la gota que ha colmado el vaso ha sido la Semana del Choto, impulsada por una hermandad y que ha tenido lugar estos últimos días.

“La hostelería va cada vez a peor y no nos queda margen de maniobra”, justificó el miércoles el portavoz de la Plataforma de Hostelería Carpeña, Rafael Castro. Y su argumento podría ser válido en la vecina localidad de Bujalance. En la campiña. En Sierra Moreno. O en la Vega del Guadalquivir, donde en Navidad, Cuaresma o primavera colectivos de todo tipo, desde peñas a clubes deportivos, cofradías, parroquias, asociaciones de jubilados o colectivos de mujer no dudan en montar una barra y ponerse el mandil por cualquier causa.

La situación, cuanto menos, merece una reflexión. La demanda básica del colectivo es una “nueva ordenanza” que regule “de manera justa” las actividades que desarrollan a lo largo de todo el año los clubes, hermandades y cofradías, peñas y asociaciones. También reclaman la elaboración de un calendario anual de todas las actividades que sea público a principios del ejercicio. Y, en tercer lugar, un “mayor control y vigilancia” de todas estas actividades, algo que podría parecer básico pero que no lo es tanto.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si un día cualquiera a una asociación le diera por ofrecer un servicio de taxi para financiar algún proyecto? ¿O si una peña, por ejemplo, vendiera fontanería, electricidad o albañilería? Se puede decir que algo así le ocurre al sector de la hostelería en multitud de municipios, aunque ha sido en El Carpio donde el sector ha decido alzar la voz por primera vez para poner el foco en un problema que califican de “competencia desleal”.

Mientras, la alcaldesa, Desirée Benavides (PSOE), ha excusado que como Administración pública no puede, legalmente, “restringir el número de actividades que llevan a cabo las asociaciones y colectivos”. “Decidir de forma arbitraria la cantidad o imponerles una limitación es un ejercicio de poder abusivo, que está tipificado como prevaricación”, argumentó la primera edil en la red social Facebook. El debate está servido.