El exalcalde declarará imputado por prevaricación, malversación y falsedad

Dos juzgados llaman a Alfonso Benavides tras las denuncias presentadas por IU por una subvención otorgada para arreglar una finca de su propiedad y por unas obras en una ermita

Ayuntamiento de la localidad de El Carpio.
Ayuntamiento de la localidad de El Carpio.

El exalcalde de El Carpio, el socialista Alfonso Benavides, tendrá que visitar en dos ocasiones los juzgados antes de final de año. Según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el exregidor ha sido llamado a declarar en noviembre en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación; unos días más tarde, en diciembre, deberá responder por presunta falsedad documental y prevaricación, en esta ocasión ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montoro.

La Fiscalía Provincial de Córdoba remitió en junio al decanato de Montoro dos de las tres denuncias presentadas por el actual equipo de gobierno de El Carpio, de IU, para que el juez instructor abriera sendas investigaciones al apreciar indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del exregidor, que actualmente es concejal del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de El Carpio.

El primero de los interrogatorios se centrará en la adjudicación de una ayuda municipal al propio Benavides por parte del Ayuntamiento para arreglar los daños provocados por unos actos vandálicos en un inmueble de su propiedad, mientras que el segundo se refiere a la justificación de una ayuda concedida por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para acometer una remodelación en el patio de una ermita. En este caso, las sospechas se basarían en la supuesta manipulación de los documentos para justificar la ayuda.

Según consta en el decreto del Ministerio Público, el Ayuntamiento carpeño abonó en septiembre de 2010 al entonces primer edil una indemnización de 2.400 euros derivada de unos actos vandálicos que habrían tenido como objetivo una nave de su propiedad. En la documentación remitida a la Fiscalía, consta el informe redactado por la Intervención municipal, que en marzo de 2009 advertía a Benavides de que esos daños no debían ser abonados por las arcas municipales. Pese al informe en contra, que se emitió a petición del propio alcalde, Benavides propuso al Pleno de agosto de 2010 que el Consistorio sufragara los gastos por vandalismo que sufrieran los miembros de la Corporación y de la Policía Local "por el cargo que ocupan y siempre que no exista seguro".

Tras el correspondiente debate, la propuesta se sometió a votación y salió adelante con carácter retroactivo, a contar desde el incidente registrado en su propiedad. La moción contó con el visto bueno del PSOE y la abstención de IU. El pago se materializó el 27 de septiembre de 2010 con la nota de reparo de la Intervención, lo que llevó al Ministerio Público a concluir que "existen indicios" de que podrían concurrir tanto los requisitos objetivos como subjetivos para la comisión de un posible delito de prevaricación, que ahora analiza el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Montoro.

La denuncia que investigará Montoro 2 se refiere a presuntas irregularidades en la justificación de una subvención concedida por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para la rehabilitación del patio de una ermita, por importe de 47.000 euros. Esta actuación no debía acometerse por las restricciones impuestas por ley debido a la situación de las arcas municipales, tal y como la intervención advirtió en un reparo. Los documentos contables que se enviaron al GDR serían diferentes, supuestamente, a los que obran en poder del Consistorio, lo que ahora deberá aclarar el juez.

El secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ya calificó de "vendetta" el pasado junio el procedimiento judicial abierto contra el exalcalde de El Carpio. Ruiz criticó ayer que las tres denuncias presentadas por el actual equipo de gobierno por la gestión en la etapa anterior suponen "una persecución de carácter personal, de manera que se aleja de la disputa política y empieza a ser una vendetta por parte de una persona incapaz de gobernar un pueblo y que por algún sitio tiene que justificarse".

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