La concatenación de imprevistos, dificultades sobrevenidas y obstáculos complejos dilatan la construcción del nuevo Pabellón polideportivo de Lucena desde mediados del 2018. Ejecutado en un 70%, de acuerdo a las mediciones municipales, una omisión inexcusable impide, actualmente, continuar con unos trabajos interrumpidos desde hace meses.

La parcela donde se erige esta infraestructura deportiva, el sector oeste del municipio, “invade” una zona de protección del río Lucena y, en estos más de tres años, nadie había advertido la obligatoriedad de solicitar permiso a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo competente en el cauce fluvial y su entorno.

Hace escasos días, un informe municipal remitido a la junta de gobierno local alertaba de la necesidad insalvable de obtener la autorización de la entidad gubernamental antes de reanudar esta actuación. Esta diligencia, preceptiva, podría prolongarse durante un largo tiempo.

El equipo de gobierno, que continúa recabando documentos y, por el momento, pospone cualquier pronunciamiento, ha suspendido la formalización del contrato con la empresa adjudicataria de la intervención final en esta dotación polivalente.

El Partido Popular ha desvelado el último giro de este “culebrón” y culpa al gobierno local socialista de situarse “fuera de la ley” cuando “debe ser garante” del cumplimiento exhaustivo “de la normativa urbanística”.

La redacción del proyecto de esta edificación, contigua al instituto Sierra de Aras, se remonta al 2018 -aún en el anterior mandato político- y, entonces, figuraba como la primera actuación financiada con Fondos Edusi impulsada en los procedimientos técnicos iniciales. La recepción de una subvención de este programa europeo implica que ha de concluir la obra antes de la finalización de 2023. Cualquier retraso injustificado conllevaría la devolución del dinero recibido.

A unos metros de los jaramagos y maleza que circundan al inmueble, Aurelio Fernández, concejal del Partido Popular, ha afirmado que “peor no se pueden hacer las cosas".  

La primera adjudicataria abandonó unilateralmente la obra

En mayo del 2019, el Ayuntamiento otorgaba a Talleres y Montajes Calvo esta actuación, por 656.000 euros y un plazo de diez meses. En el transcurso de los primeros meses de la pandemia, esta empresa, en palabras del actual concejal de Obras y Urbanismo, César del Espino (PSOE), “huyo” y abandonó unilateralmente los trabajos.

Este grave contratiempo derivó en una resolución contractual consumada en junio y, a continuación, con la finalidad de afianzar la estructura y evitar accesos indeseados, el Consistorio emprendió unas obras de emergencia, finalizadas este último febrero, y presupuestadas en 91.000 euros.

Avanzado este verano, cuando se vislumbrada, en principio, la recta final de esta procelosa obra, la empresa Estructuras del Levante Almeriense lograba la concesión del tercer contrato correspondiente a esta misma construcción.

Desde el PP manifiestan que asoman multitud de “dudas sin resolver y bastantes problemas” y tampoco comprenden los cálculos temporales y económicos del Ayuntamiento ya que, después de fijar en un 70% el nivel de ejecución materializado, la última licitación establece un plazo de ocho meses, sólo dos menos que el tiempo global estipulado en el pliego original, y un gasto de 361.000 euros.

Asimismo, advierten sobre la lentitud que, habitualmente, adquieren las resoluciones que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.