El decano del Colegio de Abogados de Lucena, denunciado por prevaricación continuada

Las fuertes disensiones surgidas desde hace más de un año en el Colegio de Abogados de Lucena ya han trascendido a la esfera judicial. Las fricciones derivadas de las elecciones del pasado febrero han provocado la presentación de una denuncia, ante la Fiscalía Provincial de Córdoba, contra el decano, Diego Chacón, por una presunta prevaricación continuada.

La denuncia la suscribe el letrado Javier Ortiz López de Ahumada, candidato al cargo de diputado primero, como miembro de la candidatura opositora al decano, y quien, finalmente, tras resultar excluido, quedó fuera de las votaciones del pasado febrero. Esta cita electoral encontraba su origen en la dimisión, en bloque, de la anterior junta de gobierno, a excepción del decano.

En una nota de prensa, el letrado Ortiz López de Ahumada achaca directamente al decano “un continuado incumplimiento de la obligación de convocar a la junta de gobierno”, potestad que compete al decano, para que, a su vez, “fije fecha de celebración” de unas nuevas elecciones que, únicamente, nombrarían a un componente del órgano dirigente.

El pasado 18 de febrero, con una amplia mayoría, obtenía el triunfo la opción alternativa al decano. De la lista impulsada y que sustentaba al decano, sólo resultó electa, Araceli Montilla, como consecuencia directa de la negativa a participar impuesta sobre Javier Ortiz López de Ahumada.

En mayo, la junta electoral se pronunciaba en contra de la decisión adoptada contra Javier Ortiz, volviéndolo a designar una resolución que, a principios de mes, ha ratificado el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Tanto la junta electoral como la junta de gobierno han requerido, sin éxito, al decano, en distintas ocasiones, para que cumpla esta obligación que “no admite demora”, según los estatutos del Colegio de Abogados de Lucena y del Consejo Andaluz.

La denuncia se cimenta en el “consciente incumplimiento”, por parte del decano, de la convocatoria preceptiva de elecciones y en el “empecinamiento antiestatutario”, expone el propio Javier Ortiz, de prolongar la vigencia en el cargo a una diputada primera a la que han retirado, instituciones independientes y superiores, su condición de electa.